El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se reunió hoy con legisladores de la oposición a fin de obtener apoyo político acerca del pedido de intervención que pesa sobre su administración. En conferencia de prensa, en la oficina de «Yo Creo» expuso las supuestas irregularidades del informe de la Contraloría General de la República.
Defensas y argumentos sobre su gestión
El jefe comunal, acusado de malversación de fondos, explicó en conferencia de prensa que al inicio trabajaron en conjunto -para «Navidad Sustentable»– con una comisión que luego se convirtió en una organización a la que pagaron los G 2.000 millones durante los últimos años.
Prieto negó haber favorecido a empresas vinculadas a su entorno y afirmó que no había alguien en su familia a cargo de un negocio. Sin embargo, reconoció que una pariente cercana ocupa un cargo de alto nivel dentro de la municipalidad esteña, argumentando que la solicitud fue por parte de la Junta.
La misma está a cargo de la Dirección de Impuesto Inmobiliario. La funcionaria identificada como Meribel Vallejos, percibe un salario superior a los G 7 millones, según datos proveídos por el propio intendente municipal.
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Acusación de la Contraloría por Fondos Irregulares
Según el informe del ente de control, la Municipalidad otorgó aportes a la Sub Comisión Distrital de C.D.E. en Apoyo a la «Navidad Sustentable«, cinco pagos que totalizan el monto mencionado, a pesar de no contar con los documentos exigidos para ser beneficiario del aporte.
Los cheques emitidos por la Municipalidad como aporte, se depositaron en la Cuenta Bancaria N° 6440817203 a nombre de Nilda Andrea González, quien se desempeñaba en ese entonces como secretaria de dicha comisión.
Falta de Evidencias en la Ejecución del Proyecto
El informe resalta además que no presentaron evidencia alguna de los trabajos efectivamente realizados, teniendo en cuenta que las rendiciones de cuentas de gastos, proporcionadas por la Municipalidad.
El pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este fue remitido por la Contraloría General de la República, al Poder Ejecutivo. Este deberá, a través del Ministerio del Interior, solicitar a la Cámara de Diputados su tratamiento y si aprueba deberá nombrar un interventor.
El jefe comunal deberá apartarse del cargo durante el proceso. Una vez concluido, nuevamente la Cámara de Diputados deberá analizar si corresponde o no la destitución del jefe comunal.
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