La Contraloría General de la República resolvió solicitar formalmente la intervención de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción, tras constatar, graves irregularidades en la ejecución presupuestaria y administración de bienes comunales.
El Contralor General de la República, Camilo Benítez, expuso las trabas institucionales que dificultaron el control público, entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas.
El titular del ente fiscalizador acusa directamente al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas de obstaculizar las investigaciones, afirma que envió más de 245 reportes con indicios de hechos punibles, pero muchos son desestimados o archivados sin ofrecer una respuesta satisfactoria.
“No podemos ser cómplices de la corrupción”, sostuvo el Contralor, remarcando que la falta de resultados concretos deteriora la confianza pública y estimula la repetición de prácticas irregulares.
Auditorías y denuncias sin avance
Durante su intervención, el contralor explicó que las auditorías no avanzan por la falta de acceso a documentación clave, debido a que esta se encuentra en poder del Tribunal de Cuentas.
La situación más crítica se expuso en relación con los municipios de Asunción y Ciudad del Este, cuyas administraciones redirigieron documentación al Tribunal de Cuentas, bloqueando así nuevas líneas investigativas. “Recibimos denuncias que no podemos procesar porque los antecedentes ya no están disponibles para esta Contraloría”, enfatiza.
En el caso de Asunción, se notificó oficialmente que no se atenderán nuevos pedidos relacionados con su administración, por estar la documentación archivada en otro poder del Estado.
Ante la imposibilidad de continuar con las investigaciones por las vías ordinarias, la Contraloría resolvió apelar al artículo 165 de la Constitución Nacional. Este artículo habilita al Poder Ejecutivo a intervenir municipios, con aprobación de la Cámara de Diputados, cuando se comprueban irregularidades graves en la gestión presupuestaria o patrimonial. La solicitud, ya enviada al Ministerio del Interior, acompañada de informes jurídicos y auditorías.
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Reiteradas trabas del sistema judicial
El contralor también cuestionó la falta de acción del Ministerio Público. Indicó que durante la actual gestión se remitieron 126 informes con indicios de hechos penales, muchos de ellos terminaron archivados. Afirmó que algunos fiscales califican situaciones graves como simples faltas administrativas, lo que debilita el peso de las denuncias.
La Contraloría recordó que, según la Constitución de 1992, tiene la atribución exclusiva de fiscalizar los fondos públicos. Sin embargo, fallos de la Corte Suprema han permitido que el Tribunal de Cuentas mantenga parcialmente esa función, generando un conflicto institucional. El Congreso intentó resolverlo con la ley 2248 y la más reciente 7171/2023, siendo esta última, vetada, dejando el conflicto sin resolución.
Auditorías en Asunción y Ciudad del Este
En Ciudad del Este, cuestionan el uso de recursos transferidos para actividades como la Navidad Sustentable 2023, además de la ejecución de gastos de capital entre 2019 y 2022. En Asunción, se investigan irregularidades sobre la utilización de fondos provenientes de bonos municipales G8 y G9, cuyos registros están en poder del Tribunal de Cuentas, impidiendo conocer su destino final.
La Contraloría afirmó haber cumplido en informar a los poderes del Estado y de derivar a la Fiscalía aquellas observaciones con implicancia penal. No obstante, ante la falta de resultados, sostiene que la intervención es la única salida jurídica viable, ya que las prácticas irregulares se siguen repitiendo.
Medida se replicará en otros municipios
El contralor anunció que esta política institucional se aplicará a otras administraciones donde se detecten hechos similares. Aseguró que la Contraloría agotará todas las vías posibles para responder a la ciudadanía, incluso cuando existan obstáculos dentro del propio sistema institucional.
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