La reciente salida temporal de la reclusa Blanca Rosa González, interna en el Penal del Buen Pastor, provocó cuestionamientos dentro del Ministerio de Justicia.
La mujer, considerada de alta peligrosidad por su historial delictivo, celebró el Día de las Madres fuera del penal, lo que generó preocupación en la ciudadanía y en diversos sectores del ámbito judicial y penitenciario.
Blanca Rosa González atacó en su momento a Carmen Villalba y tiene antecedentes por delitos graves, como robos a entidades bancarias y secuestros.
La dirección del penal y el rol del juzgado de ejecución penal en caso de la reclusa
El viceministro de Justicia, confirmó que los juzgados de ejecución aprobaron listas que permiten estas salidas, destinadas únicamente a internas con buena conducta y en etapas avanzadas de reinserción.
El viceministro señaló que estos permisos forman parte de un sistema de recompensas establecido por el Código de Ejecución Penal. Sin embargo, aclaró que no recuerda el apellido de la mujer en el listado autorizado.
El régimen penitenciario en Paraguay contempla beneficios para personas privadas de libertad, independientemente del delito cometido, siempre que hayan demostrado buena conducta dentro del sistema, aclaró.
Una acción con consecuencias administrativas y sociales
En caso de comprobarse que la salida fue irregular o sin la autorización judicial correspondiente, podrían abrirse sumarios tanto para la interna como para los funcionarios que permitieron su salida.
Desde la ciudadanía han surgido críticas que evidencian el clima de inseguridad y desconfianza que se genera cuando el sistema judicial permite salidas de reclusas con antecedentes graves.
LEA TAMBIÉN: Colapso del sistema penitenciario obliga al cierre de dos cárceles
Entre la reinserción y el temor colectivo
Aunque las autoridades defienden que el sistema busca la reintegración social de las personas privadas de libertad, este tipo de decisiones alimentan el debate sobre los límites del beneficio carcelario y el mensaje que se transmite a la sociedad. Desde el viceministerio explican que el impacto social de estas decisiones debe ser cuidadosamente evaluado.
LEA TAMBIÉN: Gobierno admite rezago en el sistema penitenciario para mujeres
