El Ministerio de Justicia dispuso el cierre temporal de dos cárceles del sistema penitenciario como la Penitenciaría Regional de Emboscada “Antigua” y del Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, por aproximadamente treinta días, como parte de una decisión extrema frente a la crítica situación de hacinamiento que afecta a ambos recintos.
El ministro Rodrigo Nicora firmó la Resolución Nº 339 el 23 de abril de 2025, adoptando la medida e impartiendo instrucciones precisas para coordinar con el sistema judicial la reubicación de los internos en otros establecimientos.
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, confirmó que la Penitenciaría de Emboscada “Antigua” opera con un 440% de su capacidad, identificándola como una de las más desbordadas del país, y que el Centro “Casa del Buen Pastor” presenta una sobrepoblación del 140%.
Estas cifras retratan una realidad insostenible en el sistema penitenciario nacional, donde el espacio y los recursos se ven ampliamente superados por la cantidad de personas privadas de libertad.
Grave crisis estructural en el sistema penitenciario
El cierre de ambos centros no constituye un hecho aislado. Desde el Ministerio de Justicia se vienen ejecutando cierres programados como parte de una política de contención, que busca limitar nuevos ingresos y reorganizar el mapa penitenciario para cumplir con estándares básicos de dignidad humana.
La disposición actual alivia la presión sobre recintos que superan ampliamente su capacidad y, en su estado actual, vulneran los derechos fundamentales de los reclusos.
Este procedimiento se sustenta además en el Artículo 21 de la Constitución Nacional, que impone al Estado la obligación de brindar condiciones adecuadas para las personas privadas de libertad, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento ratificado por Paraguay, que exige un trato humano y respetuoso hacia los internos.
A la luz de estos compromisos, el hacinamiento constituye una violación directa de las garantías legales y constitucionales vigentes.
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Coordinación interinstitucional y limitaciones del sistema judicial
La resolución firmada por el ministro Nicora también establece la necesidad de coordinar con jueces, fiscales y defensores públicos para concretar con celeridad la redistribución de la población penal afectada por el cierre de los centros.
Esta etapa implicará desafíos logísticos y administrativos, teniendo en cuenta que otros establecimientos del país ya operan al límite de sus capacidades.
No obstante, el Ministerio de Justicia apunta a que esta acción permita, a corto plazo, un mínimo de reordenamiento en un sistema que desde hace años muestra señales claras de colapso.
La falta de infraestructura carcelaria, sumada a la lentitud de los procesos judiciales, ha contribuido a una sobrepoblación carcelaria crónica.
En este contexto, la decisión del Poder Ejecutivo constituye un intento por contener una emergencia penitenciaria que amenaza con derivar en escenarios de mayor conflictividad y violaciones masivas de derechos humanos.
A pesar de la medida, el camino hacia una solución estructural exige decisiones más profundas y sostenidas.
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