Lo que ocurre en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este ya dejó hace tiempo de ser solo un problema penitenciario: es un insulto abierto a la inteligencia ciudadana y una amenaza directa a la seguridad pública.
Apenas 15 días atrás, tras un operativo, fueron incautadas armas de fuego, drogas, celulares y armas blancas dentro del penal. Eso ya era gravísimo. Pero lo increíble es que en marzo también hubo una intervención similar: droga, bebidas alcohólicas, incluso una miniindustria clandestina de alcohol. Y ayer, otra vez, cateo y hallazgo de “cantidades industriales” de armas blancas, drogas, celulares, parlantes, levaduras para fabricar bebidas.
¿Quién controla esa cárcel? ¿Es tan fácil ingresar al penal con productos prohibidos? Si los reclusos gozan de esa libertad para manejarse dentro, ¿qué nos asegura que no podrían salir cuando quieran, como ya ocurrió no hace mucho en la cárcel regional de Minga Guazú, donde siete peligrosos delincuentes fugaron con complicidad interna?
Aquí no hay margen para paños tibios. Como lo hemos venido sosteniendo en editoriales anteriores, hay que barrer de raíz con todo el funcionariado corrupto del penal. No se puede dejar en manos de ineptos o, peor aún, de cómplices, la custodia de criminales que representan un riesgo para toda la comunidad.
La penitenciaría de Ciudad del Este se ha convertido en un jolgorio peligroso, una bomba de tiempo instalada en pleno corazón de la capital de Alto Paraná.
Urge una intervención drástica, ejemplar, que marque un antes y un después. Pero, sobre todo, tiene que haber responsables. Porque si nadie paga por esto ante la justicia, la cárcel de Ciudad del Este seguirá siendo un peligroso carnaval de descontrol y la ciudadanía será la que, finalmente, pagará las consecuencias.
