Una vez más, los criminales lograron evadir la justicia paraguaya. La fuga de los miembros del clan Villalba desde Argentina hasta Venezuela demuestra una cadena de complicidades y fallas institucionales que trascienden fronteras. Este nuevo episodio recuerda el caso de los secuestradores Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes también escaparon de la justicia paraguaya gracias al respaldo de gobiernos afines ideológicamente, refugiándose en Uruguay y, posteriormente, en Finlandia.
El clan Villalba, señalado como parte del núcleo operativo del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), encontró en Argentina un refugio durante años, donde gozaron del estatus de refugiados otorgado por el gobierno de Alberto Fernández. Bajo esa protección, sus hijos fueron criados en el vecino país para luego ser enviados a las filas de la organización criminal en Paraguay, según denunciaron autoridades.
El traslado del clan a Venezuela, tras su huida de Argentina y Bolivia, demuestra un preocupante poder de apoyo logístico internacional que tiene el EPP. Según las autoridades paraguayas, los Villalba ya obtuvieron refugio en el país caribeño, lo que dificulta su captura y extradición. Y es que es una realidad de que algunos gobiernos, en lugar de colaborar con la justicia internacional, actúan como escudos para quienes han cometido secuestros, asesinatos y otros crímenes.
Es penoso que, mientras las autoridades paraguayas luchan por esclarecer los secuestros y desapariciones de Félix Urbieta, Edelio Morínigo y el exvicepresidente Óscar Denis, sus perpetradores encuentren asilo y apoyo en otros países.
Lo que corresponde ahora es que, internamente, los organismos de seguridad de nuestro país redoblen esfuerzos para desmantelar esta estructura criminal. Al mismo tiempo, se debe reforzar la presencia diplomática para presionar por la cooperación internacional. Los esfuerzos tienen que avanzar hacia una estrategia que incluya alianzas con países y gobiernos, dispuestos a romper este ciclo de impunidad.
La comunidad internacional también debe tomar nota: permitir que estos grupos encuentren refugio en países aliados es un ataque frontal a los valores de justicia y seguridad. Es hora de que los gobiernos de la región, independientemente de su orientación política, comprendan que el respaldo a criminales no solo socava la confianza en sus instituciones, sino que perpetúa el sufrimiento de las víctimas.
