Argentina cede temporalmente ante la presión regional, pero el peaje seguirá

En el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), que analiza el peaje impuesto por Argentina, se acordó continuar el análisis técnico del conflicto sobre la hidrovía y, entretanto, Argentina se abstendrá de interponer embargos e interdicciones a las embarcaciones extranjeras que navegan por el río Paraná por un plazo de 60 días corridos. La CIH (foto) se reunió en Buenos Aires este miércoles, 27 de setiembre.

El hecho constituye un pequeño avance considerando que hasta ahora los argentinos, cuando una embarcación no paga el peaje fluvial, directamente llevan el caso a los juzgados y piden interdicción y embargo contra las mismas. Argentina accedió a suspender estas imposiciones, menos el cobro del peaje fluvial.

Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay mantuvieron la posición común de rechazar el cobro del peaje bajo el fundamento de que la imposición unilateral de una tarifa en la Hidrovía lesiona el Derecho Internacional vigente. Argentina intentó convencer a los demás países que realizó trabajos que merecen el cobro del peaje.

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Sin embargo, los cuatro países concluyeron que las informaciones brindadas por Argentina no han permitido constatar servicios efectivamente prestados a la navegación y siguen siendo insuficientes para justificar la medida (el cobro del peaje fluvial) conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 del Acuerdo sobre la Hidrovía. Este artículo exige el consentimiento de los demás países para el caso de que se tenga que cobrar alguna tarifa a las embarcaciones.

Los cuatro países citados manifestaron en que, a la luz de los documentos técnicos analizados, la tarifa de peaje contiene elementos discriminatorios y estaría destinada a gravar la propia actividad de la navegación, sin contar con el consentimiento de los demás países, por lo cual reiteraron la solicitud de suspender la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 de su Ministerio de Transporte y de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, garantizar la libertad de navegación, la libertad de tránsito, abstenerse de aplicar otras medidas.

Argentina sólo acordó suspender la judicialización del no pago. Mientras tanto, aún queda una instancia más: la reunión de Cancilleres de la cuenca del Plata, o sea, de los países que utilizan la hidrovía Paraguay y Paraná. Paraguay agotará todas las instancias y, finalmente, recurrirá al arbitraje internacional en caso de que continúe el conflicto. Cuatro países están en un mismo criterio contra Argentina. Habrían más novedades en los próximos días.

Fuente: Cancillería.