Antes de fin de año, Ciudad del Este tendrá un nuevo intendente. La Cámara de Diputados remitió al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la notificación de la vacancia de dicho cargo en la capital de Alto Paraná.
Desde la notificación, el TSJE debe convocar a elecciones dentro del plazo de 90 días. Técnicos de la institución ya hicieron los cálculos: las internas partidarias se realizarán en el mes de octubre y la elección de intendente se hará en noviembre.
Carlos María Ljubetic, director de procesos electorales, y Cristian Ruíz Díaz, director de financiamiento político, ambos del TSJE, informaron sobre dichos cálculos. Desde el momento que reciben la notificación (fue hoy martes) ya trabajan sobre el tema, indicaron.
La elección del nuevo intendente se hará porque el actual, Miguel Prieto, fue destituido por la Cámara de Diputados, este martes, 19 de agosto. El presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez, del movimiento político «Yo Creo», asumirá en forma interina la Intendencia, hasta que sea proclamado el sustituto de Prieto, que también es de «Yo Creo».
Antes de fin de año: la votación se hará en papeletas
El TSJE prepara la convocatoria. Para ello, tiene tiempo hasta el 29 de agosto. Allí se especificarán el día exacto de las internas partidarias y el de la elección del nuevo intendente. Los técnicos mencionados informaron que las votaciones se realizarán en papeletas. La fecha de las internas posiblemente sea a inicio de octubre, según Ljubetic.
El intendente que sea electo en noviembre, en Ciudad del Este, completará el mandato iniciado por Miguel Prieto. Por lo tanto, durará en sus funciones hasta finales del próximo año, en que se realizarán las elecciones municipales a nivel país.
Miguel Prieto fue destituido por 47 votos
Miguel Prieto fue destituido de su cargo de intendente de Ciudad del Este por 47 votos de la Cámara de Diputados, este martes 19 de agosto. Votaron en contra, 30 diputados. Otros tres estuvieron ausentes.
El informe del interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, decía que hubo irregularidades administrativas, como ser la existencia de cajas paralelas, la falta de documentaciones y el mal manejo de combustibles.
También decía que hubo desvío de fondos para organizaciones sin fines de lucro. Supuestamente, las inversiones de capital fueron a parar a gastos corrientes por más de G. 29.000 millones.
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