El Registro Nacional de Pagarés será útil para proteger a las Mipymes y facilitarles el acceso a créditos, informó el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, que visitó a los legisladores para analizar un proyecto de ley al respecto, este lunes.
Giménez se reunió con los miembros de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Diputados, que estudia el citado proyecto. Participaron otros invitados del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
Los diputados proyectistas, José Rodríguez, Rodrigo Blanco, Derlis Rodríguez, Rocío Abed, entre otros, buscan establecer un registro formal de estos instrumentos financieros para brindar mayor seguridad jurídica y facilitar el acceso al financiamiento, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), según los fundamentos del proyecto.
El viceministro Giménez propuso que las normativas promuevan el uso de títulos electrónicos transmisibles, una herramienta clave para modernizar las transacciones comerciales y fomentar el desarrollo económico, explicó.
“El objetivo es que los negocios sean digitales, accesibles y que los costos no sean una barrera para nuestros ciudadanos”, afirmó el viceministro. Resaltó el compromiso del MIC y del Viceministerio de Mipymes con el crecimiento de las Mipymes.
Registro Nacional de Pagarés: Normas para proteger
Giménez destacó que desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se trabaja coordinadamente con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo es avanzar en normativas que hagan más accesible el crédito, protegiendo tanto a los emprendedores como a las entidades financieras, indicó.
No estigmatizar a los pagarés
“No tenemos que estigmatizar a los pagarés. Estamos buscando mecanismos que permitan dinamizar el crédito, proteger los derechos de las partes involucradas y aprovechar herramientas digitales que aseguren la trazabilidad de estos documentos, tanto físicos como electrónicos”, señaló.
Giménez anunció que próximamente se realizará una reunión interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional para explorar normativas que faciliten la ejecución de los pagarés.
