La Contraloría General de la República presentó su memoria 2024 con foco en la digitalización del control público, la implementación del nuevo régimen de integridad y el fortalecimiento de auditorías a nivel nacional.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó su informe de gestión 2024 al titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, como parte del proceso anual de rendición de cuentas establecido por la ley.
La memoria incluye detalles sobre auditorías realizadas, denuncias ciudadanas procesadas, fiscalizaciones a entes públicos y la implementación del régimen nacional de integridad.
Uno de los puntos centrales del informe es el volumen de controles efectuados: según la Contraloría, se fiscalizó un total de 1,2 billones de guaraníes en diversas instituciones públicas, con un total de 32 reportes de indicios de hechos punibles remitidos al Ministerio Público.
También se procesaron 334 denuncias, muchas de ellas relacionadas con la administración de fondos estatales.
Nueva auditoría al subsidio del transporte
Durante la presentación, Benítez anunció que propondrá una nueva auditoría de cumplimiento a la entidad responsable de pagar el subsidio a transportistas.
Agregó que existen antecedentes de irregularidades detectadas en ejercicios anteriores y que el control estará enfocado en los datos proporcionados por el sistema de billetaje electrónico.
LEA ADEMÁS: Junta de CDE acusa a Contraloría de violar autonomía municipal
Sobre otros programas
El informe también detalla el seguimiento realizado al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) en el marco del programa “Hambre Cero”. La Contraloría aplicó controles concurrentes en 35 instituciones educativas para verificar el uso de los recursos destinados a la alimentación escolar.
Además, se habilitó un portal colaborativo denominado Ñangareko, que permite a la ciudadanía informar irregularidades en la entrega de alimentos.
Contraloría insiste en evitar debilitamiento institucional
Durante el encuentro con Latorre, Benítez expresó su preocupación por posibles modificaciones legislativas que, según señaló, podrían restar atribuciones a la Contraloría mediante el fortalecimiento de otros órganos como los tribunales de cuentas.
Advirtió que si estas propuestas prosperan, se estaría “normalizando por ley una práctica que permite evitar el control previo” del órgano fiscalizador. En ese sentido, reiteró que la Contraloría aboga por preservar el esquema de auditoría previa a cualquier juzgamiento contable.
LEA ADEMÁS: Contraloría detecta desvío de más de G. 30.000 millones en la gestión de Miguel Prieto
