La decisión de la Cámara de Diputados de archivar el proyecto de ley que pretendía autorizar expresamente el derribo de aeronaves clandestinas con los nuevos aviones Super Tucano es un acto de madurez institucional y respeto a los principios constitucionales. Frente a la tentación de legislar a golpe de titulares, el Parlamento optó por la prudencia y el fortalecimiento real de las capacidades estatales, en sintonía con la experiencia internacional y la opinión de los expertos.
Nuestro país está dando un salto histórico en materia de seguridad aérea tras décadas de abandono. La adquisición de seis aviones Super Tucano, el anuncio de la llegada de radares de última generación y la restauración de los sistemas existentes marcan el inicio de una política de Estado orientada a recuperar la soberanía del espacio aéreo y combatir el narcotráfico con herramientas técnicas y legales adecuadas.
El comandante de la Fuerza Aérea, Julio Fullaondo, y el ministro de Defensa, Óscar González, han sido claros: la Ley 6.980, vigente desde 2022, ya contempla protocolos de intervención escalonada—contacto visual, advertencias y, solo en casos extremos, el uso justificado de la fuerza letal—en línea con los estándares internacionales y el respeto a la vida humana.
Expertos en seguridad advierten que una ley, por sí sola, es ineficaz sin capacidades de detección (radares fijos y móviles), protocolos claros, entrenamiento especializado y una cadena de mando bien definida, que delegue las decisiones operativas al Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, no al presidente. Además, se requiere coordinación regional con Argentina y Bolivia, principales corredores del narcotráfico, y evitar errores irreparables como el derribo de aeronaves civiles.
El empleo de los Super Tucano debe priorizar la interceptación no letal, preservando vidas y actuando con precisión técnica. Autorizar el derribo indiscriminado, como advirtió el diputado Raúl Latorre, podría violar principios constitucionales y equivaler a una ejecución sumaria, incompatible con la abolición de la pena de muerte en Paraguay.
La decisión de archivar el proyecto no implica renunciar a la lucha contra el narcotráfico, sino hacerla más seria y efectiva. El Gobierno apuesta por consolidar en los próximos tres años una base operativa sólida: radares, aviones, protocolos, cooperación internacional y recursos humanos calificados. Esta estrategia trasciende a los gobiernos de turno y sienta las bases para una defensa aérea sostenible y respetuosa de los derechos fundamentales.
La experiencia de otros países muestra que el derribo de aeronaves se permite solo bajo estrictos protocolos y como último recurso. Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela y Uruguay han implementado leyes similares, pero siempre con fases previas de advertencia y bajo control militar especializado. Incluso así, el uso letal es excepcional y ha generado controversias por errores fatales en el pasado.
En esta ocasión, los parlamentarios han elegido el camino correcto, que consiste en fortalecer la defensa aérea con tecnología, entrenamiento y legalidad, sin ceder a presiones mediáticas ni atajos peligrosos. La seguridad nacional exige soluciones técnicas, no populistas, y un compromiso con la vida y el Estado de derecho.
