Una vez más, el departamento de Canindeyú vuelve a ser escenario de un violento enfrentamiento entre fuerzas del orden y narcotraficantes. Esta vez, en el marco de la operación Yararius, tres presuntos integrantes del grupo criminal liderado por el fugitivo Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, fueron abatidos por militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en un puerto clandestino de Saltos del Guairá.
Lamentablemente, no se trata de un hecho aislado y confirma lo que desde hace tiempo venimos denunciando: en Canindeyú se ha instalado un modelo criminal que reproduce impunidad, violencia y corrupción institucional.
La penetración de estas mafias en el territorio es tan profunda que cada tanto se desmantelan comisarías enteras, cuyos jefes responden más a los capos narcos que al Estado paraguayo. Lo ocurrido el sábado solo refuerza la gravedad de esa estructura.
El CODI incautó casi una tonelada de marihuana, armas largas, uniformes camuflados y fusiles de grueso calibre. La magnitud del arsenal evidencia que estos campamentos no son simples centros de acopio: son auténticas bases operativas de un ejército irregular que controla rutas, puertos clandestinos y mantiene en vilo a poblaciones enteras. Y lo más preocupante es que a pesar de todos los operativos, siguen activos tranquilamente.
Resulta indignante que un departamento de apenas 14 mil kilómetros cuadrados, con solo 16 distritos, continúe bajo el dominio de estos grupos sin que se logre capturar a sus principales líderes. No es la primera vez que “Macho” escapa de una redada.
La instalación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en esta región pretendía ser una respuesta contundente del Estado. Pero la persistencia del negocio ilícito –como prueban los volúmenes incautados– deja en evidencia que el control territorial sigue en manos del crimen.
El Gobierno no puede seguir actuando solo a través de operativos puntuales que se convierten en titulares por unos días, pero no alteran el fondo del problema. Se necesita una estrategia integral y sostenida, que combine inteligencia, presencia territorial, depuración institucional y programas de desarrollo social, que den oportunidades a los pobladores y jóvenes para no caer en las redes de estos grupos criminales.
Canindeyú se está convirtiendo en un santuario del narcotráfico. Y si el Estado no asume su responsabilidad con firmeza, el crimen seguirá reclutando jóvenes, corrompiendo instituciones y sembrando muerte.
