La fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas (Antisecuestro), formuló imputación contra cinco agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y una abogada por presuntos delitos de privación de libertad y extorsión agravada en Ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná.
Así inició en supuesto operativo
Según la fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado martes, 3 de junio de 2025, alrededor de las 12:40, sobre la Avenida Monday. Fabio Junior Troche Zarza, Jorge Esteban Stoian Vidiella y la hija adolescente de este último, víctimas del incidente, viajaban en una camioneta Kia Sportage cuando el grupo los interceptó.
Cinco hombres, identificados como policías de Investigaciones, a bordo de una Toyota Hilux gris, obligaron a Troche Zarza a descender de su vehículo y lo trasladaron a la sede policial, mientras otros agentes retenían a Stoian Vidiella y su hija en el mismo predio.
Durante el operativo, los imputados despojaron a las víctimas de sus celulares, manteniéndolos incomunicados.
Secuestro y millonaria extorsión
En la sede del Departamento de Investigaciones, los agentes habrían exigido a Troche Zarza 50.000 dólares a cambio de su libertad, bajo amenazas de allanamientos por supuestos delitos de lavado de dinero y crimen organizado. La abogada colaboró en el retiro del primer monto de las entidades bancarias y en su posterior entrega.
Tras la intervención de la abogada Gauto Fernández, se acordó el pago de 30.000 dólares al momento (equivalente a 236.000.000 guaraníes) y 20.000 dólares diferidos.
Los captores liberaron a las víctimas frente al Departamento de Identificaciones después de retenerlas durante unas cuatro horas.
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Acciones judiciales
La funcionaria del Ministerio Público, formuló imputación contra el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez, los suboficiales Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera, Denis Evaristo Miltos y la abogada Blanca Noemí Gauto Fernández.
La fiscal Ocampos solicitó prisión preventiva para los imputados, fundamentada en la gravedad de los delitos, la calidad de policías de cinco de ellos y el riesgo de fuga u obstrucción de la justicia.
La imputación se basa en la denuncia de las víctimas, declaraciones testificales y extractos bancarios que evidencian los movimientos de dinero.
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