La Fiscalía imputó este viernes al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Según la imputación, Prieto desvió fondos de esta comuna de 300 millones de guaraníes con un grupo de funcionarios. Supuestamente, pagaba por mercaderías inexistentes.
Al respecto, Prieto (en la foto hablando por teléfono) dijo que la imputación en su contra no tiene sentido y que no le da miedo. «Sus imputaciones no me dan miedo. Sé que soy inocente y la verdad siempre triunfa. Nunca voy a retroceder», afirmó.
Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez son los fiscales del caso. También fueron imputados otras 12 personas. Supuestamente, Prieto mandaba hacer licitaciones públicas y luego las contrataciones iban direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, todo para la obtención de beneficios económicos indebidos. Los fiscales piden que el Juzgado ordene fianza personal o caución real, inhibición general de enajenar y gravar bienes y embargo preventivo de todas las cuentas habilitadas en el sistema financiero.
Prieto dijo que las imputaciones no le sorprenden y que tampoco le preocupa. «Supuestamente, armé un esquema con muchos funcionarios para robar 300 millones de la Municipalidad. Nosotros necesitamos 40 millones de dólares al año. ¿Voy a armar un esquema para robar 300 millones de guaraníes en harina y materia primas para hacer pan para la vaca mecánica? Son patrañas», afirmó el intendente.
Según el escrito de imputación, las demás personas procesadas son: Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la Municipalidad; Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la Municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio; y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
Miguel Prieto, ordenador de gastos y administrador general de la comuna, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia de Covid-19, con supuestos fines sociales, según la imputación.
