En el escenario de las complejas negociaciones sobre la central hidroeléctrica de Itaipu, el presidente, Santiago Peña, está demostrando una postura firme y una preparación técnica destacada. La reunión en Brasilia con su homólogo brasileño, Luiz Inácio «Lula» Da Silva, reveló tensiones y descontento por parte del mandatario brasileño, quien expresó su insatisfacción con la falta de iniciativa y coordinación de su equipo en la defensa de la posición de Brasil.
Según publicaciones brasileñas, el presidente Peña llegó preparado, respaldado por datos técnicos que sustentan su propuesta de aumentar la tarifa de electricidad cobrada por la binacional. La queja principal de Lula sobre la agenda de la audiencia refleja la importancia y sensibilidad de las discusiones en torno a los costos de la energía producida por la represa Itaipu.
En un momento en que Paraguay busca elevar la tarifa para financiar proyectos de desarrollo e infraestructura, es crucial subrayar la necesidad de una gestión coordinada de la represa hidroeléctrica entre ambos socios de la binacional. La propuesta del gobierno de Peña busca garantizar un beneficio equitativo para ambas naciones.
Es digno de destacar que Peña, al presentar un documento firmado por Lula y el entonces presidente Fernando Lugo en 2009, resalta el compromiso pasado de Brasil para mantener precios justos durante el período de pago de la deuda de la hidroeléctrica. Esta evidencia histórica subraya la importancia de respetar los acuerdos previos y la coherencia en las relaciones bilaterales. Hay que reconocer que la deuda por la construcción ya ha sido completamente saldada por lo que ahora se presentan nuevos escenarios y nuevos desafíos para la binacional.
La resistencia de Paraguay a firmar un acuerdo provisional para el funcionamiento administrativo de Itaipu hasta alcanzar un consenso sobre la tarifa es comprensible. Esto demuestra la firmeza del país en defender sus intereses y la necesidad de un diálogo constructivo para llegar a soluciones beneficiosas para ambas partes.
En este contexto, la postura de Peña refleja posiblemente la primera vez en la historia reciente en que una administración paraguaya tiene una propuesta clara para hacer respetar la soberanía energética del país. Es esencial que estas negociaciones se realicen en un espíritu de colaboración y respeto mutuo, reconociendo la importancia de Itaipu para ambos países y la necesidad de una distribución justa de los beneficios.
La renegociación de las bases financieras del tratado de Itaipu es un asunto crucial que afecta no solo a los gobiernos, sino también a la ciudadanía. El equilibrio entre mantener tarifas razonables para los consumidores brasileños y garantizar ingresos justos para Paraguay debe ser el objetivo final de estas conversaciones. La transparencia y la apertura al diálogo serán fundamentales para alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas naciones y promueva una relación bilateral sólida y equitativa en el ámbito energético.
