Hace pocos días, una comitiva fiscal y policial llevó a cabo un allanamiento sorpresa en la penitenciaría de mujeres «Casa del Buen Pastor». El objetivo de esta operación era Carmen Villalba, una figura central en el grupo armado que ha mantenido en vilo a la zona norte de nuestro país. Se sospecha que, tras la muerte de su hermano Osvaldo en un enfrentamiento con las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), Carmen asumió el papel de cabecilla de la organización.

El poderío de Villalba en el Bueno Pastor ya se había puesto de manifiesto cuando la misma logró que el féretro de su hermano, abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta, sea ingresado al Penal. La gestión de Mario Abdo Benítez en el combate al EPP podría haberse beneficiado con la eliminación de Osvaldo, pero su hermana reclusa, logró eclipsar cualquier rédito político de la situación.

En esta oportunidad, los detalles encontrados durante la intervención sugieren que Carmen Villalba tenía un control absoluto sobre el Buen Pastor, gracias a la complicidad y complacencia de las autoridades. Este mismo patrón se repite en otra cárcel, la de Tacumbú, símbolo de corrupción y negligencia en el sistema penitenciario. Este establecimiento está bajo el dominio del temido Clan Rotela, liderado por Javier Rotela, quien demostró su liderazgo con un amotinamiento y la toma de rehenes en el penal.

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Esta situación es, cuanto menos, preocupante, y se espera que las autoridades estén a la altura de las circunstancias. Si no se produce un cambio significativo, Javier en Tacumbú y Carmen en el Buen Pastor seguirán siendo, como dice la letra de una popular canción, «los dueños del pabellón».

En medio de esta realidad inquietante, es imperativo que las autoridades tomen medidas contundentes para restaurar la seguridad y la integridad en nuestras instituciones penitenciarias. La ciudadanía demanda respuestas y acciones concretas para poner fin a la influencia indebida de individuos como Carmen Villalba y Javier Rotela en nuestro sistema carcelario. La justicia y la transparencia son fundamentales para recobrar la confianza en nuestras instituciones y garantizar un futuro más seguro para todos.