La Municipalidad de Encarnación declaró la emergencia ambiental en la cuenca del arroyo Potï-y, una medida que llega tarde, pero es, al fin, una reacción ante una situación que ya habíamos advertido en anteriores editoriales. La proliferación de cianobacterias y el deterioro de los recursos hídricos no ocurrieron de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de años de desidia, falta de control y permisividad ante la contaminación. Hoy, la crisis es inocultable y demanda acción inmediata.
El problema es multifacético. Comercios dedicados a la venta de neumáticos han encontrado en los arroyos un vertedero fácil para sus residuos. La diferencia de precios con Argentina ha convertido a Encarnación en un destino para la compra de cubiertas, pero también en un basural a cielo abierto para las que ya no sirven. La Municipalidad tiene la responsabilidad de regular y controlar la disposición final de estos desechos, aplicando sanciones a los infractores. Ejemplos como Ciudad del Este demuestran que con una política firme es posible reducir el impacto ambiental de esta actividad.
Pero la Comuna no está sola en esta responsabilidad. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), cuya operación ha transformado el ecosistema de la región, debe ser la primera interesada en evitar la degradación de los cursos de agua. En efecto, la entidad tiene recursos y medios para este aspecto Las campañas preventivas y de concienciación son importantes, pero la experiencia nos muestra que sin medidas coercitivas, los cambios no llegan. La Fiscalía del Ambiente debe intervenir, investigar y sancionar a los responsables de este desastre ecológico.
No se trata de una cuestión secundaria. La salud pública está en riesgo, así como la sostenibilidad de los recursos naturales que son esenciales para la economía y la vida en la región.
