La diferencia de precio del combustible hacia el lado argentino hace que el contrabando de carburantes sea el negocio más rentable en la frontera en los últimos tiempos. Diariamente, cientos de paraguayos cruzan la frontera, hacia Clorinda donde encuentran combustible a menos de la mitad del precio ofrecido en Asunción. En Paraguay no hay perspectivas de que el precio de los carburantes bajen, lo que hace propicio que organizaciones delictivas comiencen a operar para ingresar cobustible a gran escala, sin las más mínimas condiciones de seguridad.
Tras una serie de allanamientos en simultáneo, efectivos de Gendarmería argentina comprobaron que los contrabandistas habían construido un puente, montado una precaria infraestructura para contrabandear combustible hacia el lado paraguayo, mediante una manguera, que cruzaba el Pilcomayo.
La organización contaba con cuatro vehículos tipo pick-up, cuatro acoplados tanques cisternas de metal con capacidad aproximada de 1.500 litros, cuatro tanques de plástico con capacidad de 1.000 litros, seis tambores plásticos con capacidad de 200 litros, 20 bidones con capacidad de 30 litros cada uno y 390 litros de combustible distribuidos en trece bidones.
El combustible hacia el lado argentino es propulsado a través de siete motores de bombeos. De esta forma la nafta era trasladada en mangueras por un puente colgante de madera, que atravesaba el río Pilcomayo hacia territorio paraguayo.
El contrabando de combustible argentino hacia los países limítrofes ya se constituyó en una preocupación para las autoridades del vecino país, cuando en junio pasado ya se detectó una escasez de gasoil en las ciudades fronterizas.
En octubre pasado, directivos de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios y Afines (APESA) ya habían advertido de los efectos del contrabando de combustible y señalaron que está ingresando entre 50 y 60 millones de litros de combustible en forma mensual de manera ilegal hacia territorio paraguayo.
Según la Apesa en las zonas fronterizas es prácticamente nula la venta legal de los productos.
Además de la evasión fiscal, el transporte del material inflamable, que se realiza en forma precaria constituye un peligro para la seguridad y el medio ambiente, advirtieron.
Señalaron igualmente que muchas estaciones de servicios están cerrando, con la consecuente de pérdidas de fuentes de trabajo.
