El tratado que intentó destruir al Paraguay

La contienda que se vivió entre 1864 a 1870, conocida en Paraguay como la Guerra de la Triple Alianza, fue la consecuencia de un largo proceso histórico, y sus estipulaciones la simple traducción literal de aspiraciones políticas y territoriales de sus signatarios.

El documento conocido como “Tratado Secreto de la Triple Alianza”, fue el acuerdo firmado, el 1 de mayo de 1865, entre la República Argentina, la república Oriental del Uruguay y Su Majestad el emperador del Brasil. El acto se desarrolló en Buenos Aires, como una supuesta respuesta a la invasión paraguaya a la Provincia de Corrientes. Es importante recordar que Bartolomé Mitre, entonces presidente argentino, evitó hacer pública la declaración de guerra del Paraguay para mostrarse como país agredido.  

El detalle no deja de llamar la atención, más allá del contexto histórico: es una alianza entre dos repúblicas y un emperador, sin mencionarse en el mismo al gobierno o pueblo brasilero. Este contraste radical se basa en la diferencia política-jurídica del concepto de soberanía, tanto para el Uruguay como para la Argentina la soberanía reside en el pueblo, como proclama el principio republicano adoptado como forma de gobierno en dichos países.

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Sin embargo, el Brasil estaba organizado políticamente bajo la forma monárquica, residiendo la “soberanía” en la figura misma de su emperador, que ejercía el poder bajo el nombre de Pedro II. Las pretensiones establecidas en el documento se encontrarían por tanto con diametrales diferencias de principios entre los aliados: se aliaban para llevar la “libertad” a una república, bajo el liderazgo de una monarquía.

Los objetivos del Tratado Secreto de la Triple Alianza se pueden resumir de la siguiente manera:

  1. Derrocar un gobierno legalmente constituido;
  2. Imponer límites territoriales;
  3. Disolver el ejército paraguayo. Además, demoler las fortificaciones militares y repartir el armamento;
  4. Imponer tratado de navegación, sin mención de reciprocidad; e
  5. Imponer los gastos de guerra.

El Tratado Secreto contiene una sucesión de contradicciones, imposibles de evitar en un documento jurídico que orgánicamente trata de sintetizar elementos que son totalmente enfrentados los unos con los otros; desde los principios políticos de las mismas partes contratantes, como por los objetivos perseguidos.

Caricatura paraguaya que denuncia el Tratado Secreto. Año 1867.

Entender este acuerdo es fundamental para entender el comportamiento del Mariscal Francisco Solano López a partir de mayo de 1866, cuando se conoció el tratado en Paraguay. Además de los objetivos señalados, el pacto decía en su preámbulo: “(…) Persuadidos de que la paz, seguridad y bienestar de sus respectivas naciones [Argentina, Brasil y Uruguay] se hacen imposibles mientras el actual gobierno del Paraguay exista, y que es de una necesidad imperiosa, reclamada por los más altos intereses, hacer desaparecer aquel Gobierno, respetando la soberanía, independencia e integridad territorial de la República…

Entonces, el propósito fundamental era “hacer desaparecer al gobierno paraguayo”, destruir al gobierno paraguayo. Basta con ajustarnos a las nociones más elementales del derecho público para señalar que siendo el objetivo destruir a un gobierno, es decir, deponerlo por medios violentos, se está violando con ello la independencia y soberanía que el mismo párrafo dice respetar. Además, era desproporcionada y hasta ridícula la afirmación de que Paraguay constituyera una amenaza “para la paz, la seguridad y el bienestar” de sus dos grandes vecinos.

Por las dudas, el tratado, en su artículo VI, reafirmaba: “Los aliados se obligan solemnemente a no deponer las armas sino de común acuerdo, y mientras no hayan derrocado al actual gobierno del Paraguay, así como a no tratar separadamente, ni firmar ningún tratado de paz, de tregua, armisticio o convención cualquiera que ponga fin o suspenda la guerra, sino por perfecta conformidad de todos”.

Este era el primer objetivo político del Tratado Secreto de la Triple Alianza, que los aliados buscaban alcanzar mediante la guerra. Conforme a las normas paraguayas, el gobierno encabezado por López contaba con legitimidad, o lo que es lo mismo, su elección se había realizado conforme a la ley, y también contaba con legitimación, u origen soberano del mandato, mediante el voto de quienes tenían la representación popular.

Los poderes con los que gobernó el Mariscal en la guerra les fueron otorgados por el Congreso Paraguayo, reunido en marzo de 1865, que estableció, entre otras cosas, que: “S.E. el señor Presidente de la República hará la paz con uno y otro beligerante, cuando juzgue oportuno, dando cuenta a la Representación Nacional conforme a la ley”.

Esta disposición es trascendental para el análisis que estamos haciendo, ya que representa la competencia del presidente para concertar la paz con los países con los que el Paraguay se encontraba en estado de guerra. Sin embargo, por el lado aliado, habían renunciado recíprocamente a su competencia de poder alcanzar la paz con el Paraguay en forma separada. Los intereses que los tres aliados tenían en la guerra eran dispares y esa disparidad se podía volver (y en la práctica se volvió) mucho más acentuada a medida que pasaba el tiempo y la campaña militar se extendía.

El Imperio del Brasil fue quien gestionó la alianza teniendo presente objetivos políticos más claros. Desde un principio se hizo evidente que la alianza con el Argentina era un factor decisivo para una definición armada con el Paraguay. Sin una alianza bien consolidada, el imperio no podría llevar la guerra a territorio paraguayo; sin la aprobación argentina, era prácticamente imposible, ya que geográficamente los puntos neurálgicos de ambos estados se encontraban separados por selvas, montes y bosques de casi imposible acceso, por lo que la libre navegación de una flota de guerra por el río Paraná era un requisito básico.

El otro aspecto del artículo hace referencia a “la rendición incondicional”: Esto era necesario porque representaba, no solamente el derrocamiento del gobierno paraguayo, sino también, la posibilidad de volverse árbitros de la forma del gobierno siguiente, y mucho más importante, del gobernante, como ocurrió en la práctica.

Casi todos los artículos del Tratado Secreto se cumplieron. Las potencias regionales se dividieron territorio que Paraguay consideraba suyo, asesinaron al presidente de la república, destruyeron todo progreso paraguayo, usaron los ríos internos sin pagar tributos y ataron al país a una deuda impagable. De los tres países, el único que cumplió todos sus objetivos políticos fue el imperio brasilero.

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