El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, lamentó el asesinato de la niña y cuestionó la liberación en abril del principal sospechoso, quien ya cumplió condena por abuso a la menor.
La disposición judicial incluía una prohibición de acercamiento imposible de cumplir porque ambos eran vecinos.
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Señalan fallas en el sistema judicial y en la protección a las víctimas
Gutiérrez sostuvo que hubo fallas graves en la supervisión del agresor y en las medidas para proteger a la víctima. Señaló que el sospechoso había amenazado a la familia tras salir de prisión, evidenciando su peligrosidad.
Informó que su equipo jurídico ya recaba toda la documentación del caso para evaluar responsabilidades. Además, advirtió que no todas las personas privadas de libertad están preparadas para su reinserción en la sociedad.
Proponen prisión permanente revisable para casos extremos
El ministro planteó la necesidad de abrir un debate sobre la prisión permanente revisable, figura ya implementada en países como España.
Explicó que esta permite imponer largas condenas que se revisan para determinar si el condenado puede regresar a la sociedad. Aclaró que no es equivalente a la cadena perpetua prohibida en la Constitución paraguaya, pero insistió en que debe discutirse para casos en los que la peligrosidad del reo es evidente.
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Declaraciones del fiscal general sobre el caso de la niña
El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, ordenó una revisión interna sobre el caso de la niña asesinada en San Pedro, luego de confirmarse que el cuerpo fue entregado sin que se realizara una autopsia.
Anunció que se evaluará si el fiscal interviniente incumplió protocolos establecidos para muertes violentas, lo que podría comprometer futuras acciones penales.
La Fiscalía activó un control de línea para determinar si hubo negligencias en la actuación del agente fiscal, incluyendo la falta de traslado del cuerpo para pericia forense.
Esta diligencia es fundamental cuando no hay certeza sobre la causa de muerte y puede aportar elementos clave para una eventual acusación. También se analiza si el médico actuante sugirió o no la autopsia.
Además, se indagan los antecedentes del presunto autor, quien habría estado preso por abuso sexual contra la misma víctima y habría sido liberado antes del crimen.
La Fiscalía no descarta aplicar sanciones si se confirma negligencia en el proceso, y asegura que tomará todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho.
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