La jueza de paz del distrito de San Roque (Asunción), Liliana González de Bristot, presentó su renuncia indeclinable ante la Corte Suprema de Justicia, que el miércoles 26 de febrero dispuso su suspensión sin goce de sueldo, a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Ella es una de las magistradas investigadas por la Fiscalía en el caso conocido como «Mafia de los pagarés». La doctora, Liliana González de Bristot, informó a la Corte Suprema que se acogerá a la jubilación.
La Fiscalía sigue investigando varios Juzgados de Paz de la Capital como del Departamento Central en el mismo caso, inclusive oficinas de abogados.
Caso «Mafia de pagarés»: Otra jueza suspendida
La Corte también suspendió sin goce de sueldo a la jueza de paz del distrito de la Encarnación (Asunción), Analía Cibils, por el mismo caso.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dictó las resoluciones que pedían a la Corte la suspensión de las dos magistradas mencionadas «sin goce de sueldo». La Corte así lo resolvió.
El JEM culminó la sesión pasado el mediodía del lunes último. Analizó los antecedentes de las juezas Analía Cibils, del Juzgado de Paz del distrito de La Encarnación, y Liliana González de Bristot, del Juzgado de Paz del distrito de San Roque. Ambos Juzgados son de Asunción.
Caso «Mafia de pagarés»: Informe de auditoría
El ministro César Garay, representante de la Corte en el JEM (electo este jueves presidente del JEM) informó que la auditoría realizada por la máxima autoridad judicial con respecto al Juzgado de la Encarnación arrojó que en la totalidad de los expedientes auditados, se constató anomalías en los procedimientos de juicios ejecutivos. Agregó que esas anomalías eran en perjuicio de los demandados.
A su turno, el ministro Manuel De Jesús Ramírez Candia, otro de los representantes de la Corte en el JEM, dio el informe contra el Juzgado de San Roque. Informó que la auditoría de gestión al juzgado de Paz de San Roque, a cargo de la magistrada, Liliana González (renunciante), arrojó irregularidades en 142 expedientes de juicio ejecutivo.
Los dos ministros, aunque dieron informe contra dos Juzgados diferentes, coincidieron en que en ambos casos hay informes contundentes sobre mala gestión, en juicios ejecutivos (juicios para cobro de dinero).
Resoluciones sin sello y sin fecha
En el caso de la magistrada de La Encarnación, Analía Cíbils, la auditoría reveló resoluciones sin el sello y sin fechas. Algunos de ellos, inclusive, para ordenar embargo.
En el caso de la magistrada de San Roque, Liliana González, la auditoría halló 10 expedientes sin fecha ni número; 35 no tenía documentos obligacionales y 7 tenía fecha indebida. En varios casos, los afectados no estaban en conocimiento.
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