Representantes de sectores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil expresaron su apoyo al proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. La mayoría coincidió en que la normativa es necesaria, pero cuestionaron la inclusión del MITIC como autoridad de aplicación.
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El proyecto de ley y su estado actual
El proyecto de Ley de Protección de Datos Personales se aprobó con modificaciones por la Cámara de Diputados el 27 de mayo de 2025, y desde el 5 de junio se encuentra en la Cámara de Senadores para su análisis.
La normativa busca establecer un marco regulatorio que garantice el derecho a la protección de los datos personales y regule su tratamiento, circulación y resguardo. El proyecto, originalmente constaba de 88 artículos, fue reducido a 60 y estructurado en seis títulos.
Entre los cambios, se contempla la creación de una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales bajo el Ministerio de Tecnologías para supervisar, sancionar y reglamentar en la materia.
Disconformidad con la estructura institucional de la autoridad de control
Uno de los puntos más reiterados por los oradores fue la disconformidad con que la autoridad de aplicación quede bajo el MITIC. Oradores advirtieron que esto podría generar conflictos de interés, ya que el mismo ministerio gestiona plataformas estatales que fueron recientemente vulnerados.
Se planteó que la agencia debería tener autonomía funcional y presupuestaria, fuera del alcance de entidades del Estado, para evitar desequilibrios entre fiscalización y ejecución. También se alertó sobre posibles superposiciones de funciones con otras instituciones regulatorias, como el Banco Central del Paraguay, en lo relativo a datos financieros.
Sector financiero pide armonizar con leyes vigentes
La Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), a través de Liz Cramer, apoyó la necesidad de la ley, pero subrayó que el texto actual tiene un alcance general excesivo, que podría afectar prácticas bancarias reguladas por la Ley N.º 6534 y normas del BCP.
Solicitó que se establezcan excepciones o articulaciones explícitas para preservar funciones como evaluación de riesgos crediticios, asignación de créditos, cobranzas y reportes financieros.
También expresó preocupación por la coexistencia de esta nueva agencia con los reguladores financieros ya existentes, y pidió claridad sobre el uso de datos públicos.
Desde el sector productivo hablan de beneficios con advertencias
El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, manifestó su apoyo institucional al proyecto, destacando que permitirá fortalecer la confianza en las relaciones comerciales. Esto beneficiaría, según él, a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La Cámara Paraguaya de Blockchain, pidió que la ley contemple las características específicas de tecnologías como blockchain, que no permiten la supresión de datos debido a su inmutabilidad.
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También propuso incluir el concepto de identidad digital autosoberana, como evolución de la identidad electrónica, que daría a las personas control directo sobre sus propios datos mediante herramientas descentralizadas.
La academia propone vincular la ley con la estrategia nacional de ciberseguridad
Desde la Universidad Politécnica de Asunción, se planteó que esta normativa debe ser la base previa a cualquier implementación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Sostuvieron que avanzar en paralelo sin una secuencia ordenada podría derivar en una fragmentación normativa que debilite el objetivo de proteger integralmente los derechos digitales de la ciudadanía.
El senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Futuro, destacó que existe consenso sobre la necesidad de la ley. Confirmó que ahora la comisión trabajará para incorporar las sugerencias planteadas antes de emitir un dictamen final para su debate en el pleno.
Declaración del ministro del MITIC y próximos pasos
Gustavo Villate explicó que la ley es debatida hace más de cinco años, y permitirá al país contar con un marco legal que fortalezca su seguridad digital.
Las próximas semanas serán clave para que la Cámara de Senadores incorpore las recomendaciones y defina una normativa sólida que permita avanzar hacia un entorno digital más seguro.
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