En una entrevista exclusiva para La Tribuna, la exministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, analizó el tema del criadazgo en Paraguay, señalando que, aunque socialmente aceptado, en la mayoría de los casos esconde situaciones de explotación infantil.
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Advirtió que crear una nueva ley sobre el tema podría ser contraproducente, ya que ya existen normas que lo sancionan.
Una práctica con graves consecuencias
El criadazgo carece de un estatus jurídico definido, siendo más bien una construcción social. Sin embargo, muchas situaciones catalogadas bajo este término son delitos ya tipificados, como la trata de personas y el trabajo infantil.
Destacó que lo que antes se presentaba como un sistema de padrinazgo entre familias de distintas clases sociales, hoy deriva frecuentemente en explotación laboral de menores bajo la apariencia de ayuda mutua.
Normativas existentes o nuevas leyes
Martínez se mostró contraria a la creación de legislación específica sobre criadazgo, argumentando que esto podría generar redundancia normativa. Subrayó que Paraguay cuenta con herramientas legales suficientes, como la prohibición del trabajo infantil doméstico y las sanciones al desarraigo forzoso de menores.
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La exministra hizo hincapié en que el verdadero desafío radica en garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones vigentes, mediante mecanismos de control más estrictos y sanciones para los infractores.
La línea entre el criadazgo a explotación
Teresa Martínez afirmó que, al abordar el término criadazgo, se debe hablar claramente de explotación infantil cuando adultos separan a menores de sus familias para que realicen trabajos domésticos sin las garantías adecuadas.
El Estado debe priorizar la aplicación rigurosa de las leyes existentes antes que promover nuevas normativas. Además de fortalecer los mecanismos de protección y concientizar a la ciudadanía sobre el verdadero carácter de estas prácticas que, aunque arraigadas culturalmente, vulneran derechos fundamentales de la niñez.
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Estas declaraciones se dan luego de que la Comisión de la Familia del Senado haya propuesto tipificar el criadazgo como delito penal. Para así realizar modificaciones al proyecto de ley que protege a niños, niñas y adolescentes del criadazgo, con la implementación de penas de privación de libertad que podrían ir de entre cinco y diez años.
