El Ministerio de Justicia realizó una intervención sorpresiva en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Encarnación, en el departamento de Itapúa, durante la mañana del lunes 2 de mayo constatando una vez más las ya recurrentes fallas dentro del sistema de control penitenciario.
La operación, iniciada el viernes a las 6:30 de la mañana, contó con participación del Ministerio Público, la Policía Nacional y personal penitenciario especializado.
El despliegue, de carácter interinstitucional, tuvo como objetivo realizar una requisa administrativa en los pabellones B alta y baja, donde se venían denunciando casos de extorsión.
Elementos incautados en intervención sorpresiva
Según el primer informe del Ministerio de Justicia, durante el procedimiento, los intervinientes incautaron armas blancas, drogas y un total de 91 teléfonos celulares.
Los dispositivos, de distintas marcas y en su mayoría de alta gama, se hallaron escondidos en una celda del pabellón B alta.
Además, fueron encontrados cargadores, auriculares y SIM cards sin identificar, pertenecientes a diversas compañías telefónicas. En el sitio también se detectaron gramos de una sustancia que, tras análisis preliminar mediante narcotest, resultó ser supuesta marihuana.
La Policía Nacional, a través de su unidad antinarcóticos, efectuó el análisis de campo de los estupefacientes hallados, mientras que la unidad táctica GEO se encargó de la contención y traslado de internos durante el operativo.
Grave brecha de seguridad
Esta intervención no sólo reveló objetos prohibidos, sino que demostró que existe una brecha grave en los controles de seguridad dentro del penal, encendiendo las alarmas sobre la eficacia de las inspecciones realizadas por los agentes penitenciarios.
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, confirmó la cantidad exacta de teléfonos incautados y calificó el hallazgo como una muestra clara de complicidad o negligencia.
Según sus declaraciones, resulta improbable que semejante cantidad de dispositivos ingresara sin el conocimiento o participación de funcionarios del penal. Recordaron al ministro que, encontrar cinco celulares podría atribuirse a un descuido, pero 91 aparatos apuntan a una red de encubrimiento. El ministro aceptó las falencias y prometió hallar a los responsables.
Sospechas internas y fallas en la seguridad penitenciaria
Sobre ese punto, el viceministro insistió en que la hipótesis más firme es la connivencia entre personal del CERESO y los internos. Manifestó que el control en los accesos presenta debilidades estructurales y humanas, las cuales abren paso al ingreso de objetos prohibidos.
Afirmó que estos equipos no sólo fueron introducidos con ayuda, sino que además se ocultaron con sofisticación, lo cual dificultó su detección durante los cateos previos.
Maciel recordó que desde las cárceles los teléfonos, especialmente los utilizados para fines ilícitos como la extorsión, suelen ocultarse con mayor esmero que otros objetos menores, y que incluso se utilizan tácticas para eludir los mecanismos de rastreo.
Detalló que, tras habilitar los dispositivos con un chip, los internos retiran la SIM card, destruyen la misma y operan mediante conexión a internet, lo cual impide el rastreo por medio de las antenas de telefonía.
Otros penales donde se realizaban las mismas acciones
Consultado sobre los antecedentes del caso, Maciel evocó incidentes anteriores en otros penales, como la intervención sorpresiva de San Pedro, donde la complicidad entre funcionarios y reclusos también quedó en evidencia.
Afirmó que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia ya se encontraba abocada a la investigación interna para intentar identificar responsables directos de la filtración.
En la cárcel del segundo departamento, este hecho similar generó amplio debate público, donde se dirigió a las dudas sobre la permeabilidad de los controles y la cultura de impunidad dentro del sistema penitenciario nacional.
En nuevas penitenciarías no se necesita la intervención sorpresiva
El viceministro Maciel hizo énfasis en la necesidad de fortalecer los procesos de selección y capacitación del personal penitenciario. Indicó que este tipo de casos con intervención sorpresiva, no se registra en penitenciarías como las de Minga Guazú o la de Coronel Martín Mendoza, donde ya se implementó el nuevo modelo de gestión penitenciaria.
Según sus palabras, estas nuevas cárceles cuentan con mejor tecnología, mayor control y personal más formado.
Resaltó que los problemas más graves de seguridad se concentran en los penales tradicionales, donde las condiciones físicas y el sistema de ingreso del personal todavía presentan fallas importantes.
Además, reconoció que el factor humano puede fallar en cualquier institución, sostuvo que las nuevas penitenciarías constituyen una prueba de que un modelo diferente sí puede funcionar de manera más eficaz.
Reconoció que estas instituciones aún operan por debajo de su capacidad total y requieren la incorporación de más personal. Señaló que el proceso de formación de nuevos agentes penitenciarios ya se encuentra en curso y que se prevé destinar a estos efectivos a reforzar la seguridad de las cárceles con modelo renovado.
La implementación paulatina permitiría expandir progresivamente los estándares de calidad a otras regiones.
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Investigación abierta y vigilancia futura en el CERESO
Respecto a las responsabilidades individuales, el viceministro Maciel aclaró que actualmente no existen registros que permitan atribuir con precisión la autoría del ingreso de los teléfonos.
Explicó que el seguimiento policial se enfocará en establecer desde qué fecha fueron utilizados los dispositivos, con el fin de acotar el periodo de investigación y detectar eventuales patrones.
Dijo además que los resultados del análisis de datos extraídos de los aparatos podrían aportar elementos relevantes para causas en curso en el ámbito judicial, particularmente aquellas relacionadas con hechos de extorsión, amenazas y otros delitos cometidos desde el interior de la penitenciaría.
Para ello, los investigadores ya están trabajando con peritos técnicos especializados.
El Ministerio de Justicia reiteró su compromiso con el saneamiento institucional, aunque también reconoció las dificultades materiales para demostrar la implicación de funcionarios específicos en este tipo de actos.
Mientras tanto, los internos involucrados en el pabellón B alta y baja permanecen bajo observación, a la espera de sanciones disciplinarias.
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