Un nuevo reglamento de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) establece que los partidos políticos, movimientos, alianzas y concertaciones podrán ser investigados y sancionados por el delito de lavado de activos porque ellos son sujetos obligados de la Ley que regula la materia. La SEPRELAD puede llevar un caso como este a la Justicia y pedir que se aplique contra los directivos la pena privativa de libertad de hasta 10 años.
El reglamento, dictado por la SEPRELAD el 30 de agosto último, establece que la autoridad de esta institución tiene suficiente atribución para ejercer la supervisión y la fiscalización de las organizaciones políticas. El documento se denomina «Reglamento de prevención de lavado de activos(LA) y el financiamiento de terrorismo(FT) con enfoque basado en riesgo para las organizaciones políticas.
El documento obliga a las organizaciones políticas a nombrar una persona que sea entendida en la materia para llevar a cabo el control de los ingresos del financiamiento de las elecciones, sean generales, departamentales, municipales o de convencionales constituyentes. Exige que el funcionario tenga «un adecuado conocimiento de la legislación vigente» sobre el lavado de dinero.
Las organizaciones políticas están obligadas a identificar y registrar a las personas vinculadas a sus ingresos o financiamiento y verificar el origen de los bienes o del dinero de los mismos. Para la SEPRELAD actualmente los partidos políticos, movimientos, alianzas o concertaciones están bajo riesgo de que su financiamiento sea a través del lavado de activos.
El reglamento surge después de que el gobierno de los Estados Unidos declaró «significativamente corruptos» al expresidente de la República, Horacio Cartes, al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y el ex director jurídico de Yacyretá, Juan Carlos Duarte, que es amigo personal de Velázquez.
