En el marco del Operativo Pavo Real II, el documento de la fiscalía sobre la acusación a Alexandre Rodrigues Gomes expone el alcance de una red criminal que no solo operaba en el narcotráfico y el lavado de dinero, sino que además penetró en las estructuras del poder político.
El rastro del narcotráfico y la política
Una de las pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por la organización liderada por Alexandre Rodrigues Gomes estaría ubicada en un terreno del Padrón Nº 7630 en Pedro Juan Caballero. Este dato no pudo ser corroborado, ya que el link direccionado y el servicio web de Catastro no está en funcionamiento.
La propiedad mencionada pertenece a la empresa UNISTAR S.A., cuyo representante es Ronald Enrique Acevedo Quevedo, el actual intendente de la ciudad fronteriza, a quien se identifica como «pariente político» de Gomes.
Este documento expone el esquema de protección para las operaciones ilícitas en una zona estratégica para el narcotráfico.
La decisión sobre los banqueros
En otro requerimiento revisado, se solicita el sobreseimiento definitivo de los banqueros Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona. Los ejecutivos estaban procesados por una transacción sospechosa relacionada con la venta de la Estancia Negla Poty, un bien con origen en el patrimonio de Jarvis Chimenes Pavão, que fue transferido a Alexandre Gomes.
El sobreseimiento, solicitado por la propia Fiscalía, se fundamenta en la conclusión de que no existió dolo o la «negligencia grave» de los banqueros. El requerimiento judicial destaca que la operación fue aprobada conforme a los «parámetros comerciales y normativos» de la época.
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La sombra de la corrupción y el peligro para la justicia
El análisis de las comunicaciones de la plataforma encriptada SKY ECC revela un preocupante nivel de infiltración en las instituciones del Estado. Alexandre Gomes se jactaba de tener información sensible sobre operativos policiales y movimientos de fiscales, como la presencia de Marcelo Pecci en Amambay.
Las conversaciones también detallan una estrategia de corrupción y amenaza contra operadores de justicia. En una de las comunicaciones se lee lo siguiente: «legalmente tenemos que empezar a matar jueces y fiscales, no tienen más miedo ellos».
Este patrón de cooptación, advertencias y amenazas directas demuestra que la organización criminal no operaba al margen de las instituciones, sino que buscaba controlarlas para garantizar su impunidad.
La investigación sobre el Operativo Pavo Real II, al ser analizada en su totalidad, demuestra que la red criminal no era solo una organización delictiva, sino un sistema paralelo arraigado en el país. El sobreseimiento de los banqueros por falta de pruebas jurídicas válidas, a pesar de que la operación tenía un trasfondo ilícito, pone en evidencia las fallas del sistema financiero.
De igual forma, el vínculo documentado con un intendente y las pruebas de la manipulación de la justicia revelan la profundidad de la corrupción.
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