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domingo, 3 de noviembre de 2024
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Familiares ponen en duda la versión oficial del caso Gomes

El abogado Óscar Tuma, representante de la familia del fallecido diputado Eulalio Gomes, denunció que la investigación del caso no avanza como debería. Afirmó que las autoridades no consideran las diligencias propuestas por la defensa, lo que pone en duda la versión oficial. Según Tuma, los jueces y fiscales a cargo parecen desinteresados en esclarecer lo sucedido, tanto en la causa principal de supuesto lavado de dinero como en la muerte del diputado. Según explicó Tuma, los jueces y fiscales a cargo parecen desinteresados en esclarecer lo sucedido, tanto en la causa principal de supuesto lavado de dinero como en la muerte del diputado.

Tuma aseguró que la defensa solicitó varias pericias técnicas que confirmarían que el fallecido diputado realizó todas sus operaciones financieras a través del sistema financiero paraguayo, específicamente en bancos de renombre como el Banco Continental y GNB.

No obstante, el abogado subrayó en conversación con la 730 AM que, a pesar de contar con pruebas técnicas, las autoridades judiciales han desestimado la realización de nuevas pericias para corroborar estos datos, lo que según él, imposibilita un avance significativo en la investigación.

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Versión oficial del caso en duda

El punto clave del planteamiento de Tuma radica en la contradicción de las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y la investigación paralela que está realizando la defensa. Mientras que las autoridades presentaron en el Senado un informe con una diapositiva que supuestamente ilustraba cómo se dieron los hechos en torno a la muerte de Gomes, las pericias independientes señalan que estos no ocurrieron de esa forma.

La defensa contrató al perito Juan Carlos Recalde, quien llevó a cabo un análisis minucioso en la escena del crimen, trabajando durante nueve horas, en contraste con el equipo forense oficial que dedicó aproximadamente una hora al caso.

Algunas de las conclusiones

El perito concluyó que alguien tuvo que disparar a corta distancia, debido a las características del mobiliario en el lugar. Según Recalde, alguien forzó el acceso a la habitación donde estaba Gomes con un martillo técnico, y el disparo se realizó a menos de metro y medio de distancia, lo que contradice radicalmente la versión oficial.

Tuma argumentó que esta información «echa por tierra» la versión del Ministerio del Interior presentada en el Senado. A pesar de que aún no se ha entregado formalmente el informe final de la pericia, previsto para el 20 de noviembre, el abogado destacó que el perito presentó datos técnicos irrefutables que las autoridades competentes deben tener en cuenta.

Manipulación de la escena del crimen

La defensa también denunció que alguien manipuló la escena del crimen, lo que, según Tuma, compromete gravemente la objetividad de la investigación. Sostiene que alguien trasladó el cuerpo del diputado sin haberlo fotografiado en su posición original, lo que eliminó valiosos indicios sobre cómo ocurrieron los hechos. Además, afirmó que la ropa del diputado, fundamental para medir la distancia del disparo y analizar los residuos de pólvora, ha desaparecido misteriosamente.

A medida que se aproxima la entrega oficial del informe pericial, la familia de Gomes y su equipo legal continúan exigiendo respuestas. Según Tuma, la falta de diligencia por parte de las autoridades y la negativa de avanzar en las pericias solicitadas dejan entrever que no hay un interés real en esclarecer el caso. La defensa sospecha que el desenlace trágico de Gomes pudo haberse dado por infiltrados dentro del operativo que ingresó a su casa, aunque no descartan que todo sea resultado de un error garrafal por parte de las fuerzas de seguridad.

El abogado insistió en que los hechos que rodean la muerte del diputado son extremadamente graves, y subrayó la necesidad de que se investigue a fondo para determinar si hubo un asesinato premeditado o si se trató de una falla en el procedimiento policial. La verdad, insistió, debe salir a la luz, y las responsabilidades, tanto políticas como judiciales, deben ser asumidas por quienes corresponda.

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