Sandra Quiñónez

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó el primer informe de avances de Paraguay, y tiene relación con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT. La aprobación tiene su base en la gestión de la anterior titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez.

Hablamos de la misma ex fiscala general del Estado que soportó varios intentos de juicio político impulsados por el propio Poder Ejecutivo. Vale la recordación pues aparecerán figuras políticas o funcionarios públicos que querrán colocarse, indebida, fuera de lugar o exageradamente la medalla en el pecho. La observación que hace Gafilat, efectivamente, tomó inicialmente en su momento buena parte de la administración de Quiñónez, evaluando los comisos e imputaciones y acusaciones encaminadas por los agentes fiscales entonces a su cargo.

Debe tenerse en cuenta, además, que el mismo Gafilat había señalado como aspecto negativo las filtraciones que se hacían, usándose el poder político como un garrote contra los considerados enemigos. Esa mirada, incluso, llegó a involucrar a la misma Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en ese tiempo a cargo de Carlos Arregui. Un vocero utilizado por el gobierno central para intentar colocar los temas como agenda en la prensa fue el ex ministro del Interior, Arnaldo Guzzio. Ambos funcionarios dependían del Poder Ejecutivo.

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La última visita in situ de Gafilat fue en 2021. Desde ese tiempo fue dando acciones y recomendaciones, tanto de los resultados inmediatos calificados con un nivel bajo o moderado, como de las recomendaciones de cumplimiento técnico calificadas como “parcialmente cumplidas” o “mayoritariamente cumplidas”. El documento conocido ahora es complementario a la información que ya se fue aportando en sucesivas oportunidades, de manera que el Gafilat tenga actualizada y respaldada la misma.

Algunos puntos tenidos en cuenta para aprobar la evaluación fueron el desmantelamiento de algunas estructuras del Crimen Organizado gracias a la privación de recursos obtenidos de los procesos de investigación penal, así también como la obtención de sentencias condenatorias significativas en hechos que representan las principales amenazas del país.

Ya en julio del 2022, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica dio a conocer el resultado de la evaluación a la que sometió a Paraguay, aprobando como país cooperante en la región en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Corresponde resaltar que ya, esa vez, se evitó que Paraguay pierda su categoría e ingrese en la lista gris, gracias a la intervención del Ministerio Público encabezado por Quiñónez.

La Fiscalía tenía en su haber su rol en sus distintos proyectos en la lucha contra hechos delictivos, como sucedió con el operativo A Ultranza Py.  Acá golpeó no solo a la estructura del crimen organizado en términos de logística, sino también en aspectos financieros, marcando así un antes y un después en las labores del país contra hechos punibles de gran envergadura. También en éste último operativo Pavo Real, que busca desmantelar el esquema que seguía generando dinero al narco Jarvis Chimenes Pavão desde la prisión, fue planificado bajo la gestión de la anterior FGE. También hay que sumar el comiso de más de 150 millones de dólares a los bienes de Messer.

Para el próximo informe de Gafilat tendrá impacto el comiso de los bienes del clan González Daher, también imputado y acusado en la era Quiñónez.  Aúnque en contrapartida puede tener un saldo negativo las reiteradas cargas de cocaína que caen en Europa con alta responsabilidad de la Dirección Nacional de Aduanas, institución que depende del Ejecutivo. Eso ya se verá en el futuro, por ahora, en un intento de equilibrio y justicia, hay que reconocer que el avance de Paraguay ante las observaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica fue gracias a la gestión de la primera mujer Fiscala General del Estado del Paraguay, Sandra Quiñónez.

* Gafilat es una organización intergubernamental de con base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, como ser Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Paraguay.