El diputado nacional Rubén Rubín impulsa, desde este fin de semana la nueva figura de «Prisión permanente revisable», dentro del Código Penal Paraguayo, que busca modificar y así endurecer las sanciones a personas que hayan cometido delitos muy graves.
Según explicó, su propuesta plantea penas mínimas de 50 años y máximas de hasta 90 años para crímenes graves como el asesinato y el abuso sexual con penetración, incluyendo casos cometidos contra niños, niñas e incluso en adultos.
Afirmó que Paraguay otorga “demasiadas garantías” a quienes cometen delitos atroces, lo que genera un mensaje de impunidad y desprotección hacia las víctimas. Esto debido a que el sistema actual permite que condenados por violación o feminicidio queden en libertad en menos de tres años.
Sostuvo que la sociedad necesita límites claros: “Tocar a una mujer es un no rotundo. Sacar una vida es un no rotundo”.
Crímenes graves, penas proporcionales
El legislador independiente, indicó que el proyecto establece condenas más severas para delitos como homicidio doloso, abuso sexual con coito y terrorismo, excluyendo a quienes actúan en legítima defensa o se ven envueltos en accidentes trágicos.
La figura propuesta no es una cadena perpetua en términos estrictos, sino una modalidad que habilita la revisión judicial tras el cumplimiento de dos tercios de la pena.
La prisión permanente con revisión es compatible con los tratados internacionales, como lo demuestra su aplicación en varios países de la región que mantienen vigencia plena del Pacto de San José. Como ejemplo, mencionó a Argentina, Uruguay, Chile y Colombia, donde se adoptaron sistemas similares sin salirse del marco constitucional.
El proyecto modifica el artículo 38 del Código Penal paraguayo, que establece los mínimos y máximos de las penas. La intención es blindar las sentencias para que ni siquiera los jueces puedan reducir las condenas de forma discrecional.
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Prisión permanente con revisión sería viable jurídicamente
Cuestionó con dureza el accionar del sistema judicial en casos recientes, como el de un condenado por abuso sexual en 2022 que fue liberado al año siguiente. Atribuyó esta situación a deficiencias estructurales del sistema penal, y no a influencias políticas o económicas.
También criticó a instituciones como el Ministerio de la Niñez y la Corte Suprema de Justicia por oponerse al aumento de las penas mínimas, al considerar que priorizan los derechos de los condenados sobre los de las víctimas. Además, rechazó los argumentos que califican de inconstitucional la cadena perpetua, sin distinguir la figura revisable, y sostuvo que la prisión permanente con revisión es jurídicamente viable y necesaria.
La violencia no se explica solo con pobreza
En respuesta a quienes vinculan la criminalidad con la desigualdad social, Rubín recordó el caso del repartidor, asesinado en el barrio San Francisco mientras trabajaba. “Era más humilde que su asesino, pero no eligió delinquir. Eligió salir a trabajar”, afirmó.
Salud y educación son claves en la lucha contra la delincuencia, pero aclaró que eso no anula la necesidad de una reacción firme cuando el crimen ya fue cometido.
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Quien elija mal no tendrá el camino fácil para volver a las calles
También cuestionó que, en Paraguay, los delitos cometidos contra periodistas, policías o funcionarios del Estado no tengan una categoría específica que agrave las penas. Dijo que su proyecto corrige esa omisión y nivela la gravedad del delito sin jerarquizar el valor de las vidas.
El diputado reiteró que su intención no es renunciar a los derechos humanos ni violar tratados internacionales. “Lo que quiero es que en Paraguay quien asesine o viole no tenga el camino fácil de volver a las calles”.
Víctimas, asistencia y Estado presente
Plantea que el Estado debe acompañar a familiares de víctimas con apoyo financiero, psicológico y educativo.
Finalmente, insistió en que su propuesta no pretende eliminar las medidas preventivas, sino complementarse con respuestas proporcionales a la gravedad del delito.
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