La consolidación del Primer Comando Capital (PCC) en Paraguay no es un fenómeno aislado ni silencioso. Según el criminólogo Juan Martens, esta expansión responde a una articulación entre actores políticos, funcionarios públicos y privados que ceden espacios al crimen organizado.

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Origen y expansión internacional del PCC

El Primer Comando Capital (PCC) nació en 1993 en la Casa de Custodia de Taubaté, en São Paulo, Brasil. Surgió como una respuesta de autodefensa de presos tras la masacre de Carandiru, que ocurrió un año antes, donde 111 internos fueron asesinados por la policía.

Con el tiempo, esa organización carcelaria se transformó en el grupo criminal más poderoso del país y expandió su influencia a otros 27 países.

A través del control penitenciario, el PCC construyó una red disciplinada y jerárquica, con reglas internas, códigos de conducta y una estructura capaz de coordinar operaciones desde las cárceles hasta las calles.

Su poder se consolidó con el tráfico de drogas, armas, lavado de activos y extorsión. Su modelo se replicó en países vecinos, y Paraguay se convirtió en uno de los centros principales de sus operaciones internacionales.

¿Cómo llegó el PCC a Paraguay?

La frontera entre Paraguay y Brasil, especialmente en el eje Pedro Juan Caballero–Ponta Porã, fue el punto de entrada. Con acceso directo a rutas de tráfico de marihuana y cocaína, el grupo encontró una zona estratégica sin mayores controles. Pero el criminólogo Juan Martens enfatiza que no fue solo la geografía la que facilitó su expansión.

Esa expansión no fue forzada ni subterránea, sino posibilitada por lo que Martens define como “un terreno fértil”. El grupo encontró connivencia dentro del Estado paraguayo.

“Eso significa una integración a lo político, a lo público y a lo privado. Encuentra gente dispuesta a colaborar con ellos, autoridades y empresas privadas. Y eso también refleja las estructuras del sistema de seguridad paraguayo”, argumenta.

El dominio del PCC en las cárceles paraguayas

La principal base operativa del PCC, dentro y fuera de Brasil, son las cárceles. En Paraguay, su influencia penitenciaria creció significativamente. La organización impuso sus reglas en varios establecimientos y recluta internos a través de promesas de protección, ingresos y sentido de pertenencia.

Martens destaca que la expansión ya no se da en secreto. La estructura criminal actúa con creciente visibilidad.

“Más que una expansión silenciosa, hay una expansión constante, pública, muchas veces impune. Ya no les importa esconderse porque tienen garantizado este trabajo como red entre lo público y lo privado”.

Esto transforma a las penitenciarías paraguayas no solo en lugares de detención, sino en centros operativos desde donde se planifican extorsiones, asesinatos, tráfico y corrupción institucional.

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La democracia, la economía y el crimen organizado

Según el criminólogo, una de las consecuencias más preocupantes es el debilitamiento de la democracia, ya que la expansión del crimen organizado en estructuras públicas implica el abandono del interés general.

Cuando los funcionarios comienzan a responder a los intereses de grupos criminales, en lugar de representar a la ciudadanía, se distorsiona el funcionamiento de las instituciones y se comprometen los principios básicos del Estado de derecho.

Martens advierte que esta infiltración no solo afecta al sistema político, sino también al administrativo y judicial, generando un entorno en el que la ciudadanía queda desprotegida frente a decisiones que priorizan intereses criminales.

Un factor estructural clave que facilita este fenómeno es la economía sumergida. En Paraguay, se estima que entre el 40% y el 45% del total de la economía opera fuera del marco legal.

El criminólogo señala que gran parte de la riqueza generada en el país proviene de actividades que, si bien no siempre son criminales, se desarrollan en la ilegalidad. Esta situación crea condiciones propicias para que redes delictivas recluten personas que, excluidas del sistema formal, buscan alternativas inmediatas de ingreso, protección o pertenencia.

Frente a este contexto, Martens subraya la necesidad de implementar un enfoque integral. Sustituir la economía ilegal por una economía legal sólida no solo reduciría el campo de acción del crimen organizado, sino que también ofrecería a la población opciones reales de empleo e inclusión dentro del sistema económico formal.

Crimen organizado en Paraguay

Otro de los factores que facilitan la expansión del grupo en Paraguay es la vulnerabilidad de las fronteras. No obstante, el criminólogo aclara que el problema no radica únicamente en la falta de presencia estatal, sino en la complicidad activa de ciertos agentes públicos.

El verdadero desafío está en desmantelar las redes de corrupción que operan dentro del propio aparato estatal. Para ello, Martens plantea que es fundamental trabajar en la integridad institucional, aplicar controles más efectivos y sancionar a los funcionarios que, por acción u omisión, facilitan las operaciones del crimen organizado.

Frente a esta dinámica, los enfoques centrados únicamente en la respuesta penal resultan insuficientes. Se requiere una intervención coordinada que combine acciones sobre la economía informal, el fortalecimiento institucional, la gestión penitenciaria y la integridad del aparato estatal. Solo mediante un abordaje integral es posible limitar el margen de acción de estructuras criminales insertas en el sistema.

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