La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, quien enfrentaba imputación en el marco del caso conocido como la “mafia de pagarés”, una presunta estructura delictiva que estafaba a funcionarios públicos y jubilados mediante procesos judiciales amañados.
La renuncia de Rodríguez se da luego de que el Ministerio Público abriera dos procesos penales en su contra.
Según la imputación presentada, el exmagistrado habría actuado en connivencia con casas de crédito como SERFIN S.A. y PRESTO S.A., promoviendo procesos ejecutivos con pagarés adulterados contra funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
“Notificaciones voladoras” y pagarés cancelados
De acuerdo con la fiscal Karina Caballero, entre 2020 y 2022 se habrían falsificado pagarés ya cancelados, modificando fechas de emisión y vencimiento para simular deudas inexistentes.
Estas demandas tramitaban en el juzgado de Víctor Nilo Rodríguez, donde omitían notificar debidamente a los afectados. Las notificaciones eran en realidad simulacros procesales, conocidos como “notificaciones voladoras”, que vulneraban el derecho a la defensa.
También están imputadas las actuarias Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, así como a los ujieres notificadores Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Fernando Cáceres González. La Fiscalía sostiene que todos estos funcionarios participaron de forma activa en un esquema que permitió embargos ejecutivos sin el conocimiento de los afectados.
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Además del juez quien renuncia, otros fueron imputados
Además del exjuez Rodríguez y su equipo, también están imputados Arnaldo Maciel Riveros, Wilma Cabrera, Blas Mora Jiménez, Pedro Olmedo, Gustavo Olmedo Caro, Gustavo Adolfo Díaz, Gustavo Omar Cartes (presidente de Presto) y María Belén Cartes, directora titular de la misma firma.
La hipótesis de la Fiscalía es que esta red judicial y financiera operó de forma deliberada para perjudicar económicamente a los funcionarios del SNPP. En lugar de demandar a la Asociación de Funcionarios, dirigían las acciones a los individuos, cuyos haberes embargaban en juicios que no respetaban las garantías mínimas.
El caso sigue en etapa investigativa y podría derivar en nuevas imputaciones, conforme avance el análisis de los documentos y procesos tramitados en el Juzgado de Paz de la Recoleta.
