ENCARNACIÓN. El departamento de Itapúa, específicamente la zona norte, cercana al vecino departamento de Caazapá, se encamina inexorablemente a convertirse en una de las “zonas rojas” en materia de seguridad, equiparable a la tristemente célebre Capitán Bado, en el Amambay. En los últimos siete días se registraron tres muertes por sicariato, y una muerte durante un enfrentamiento con la policía.
El departamento de Itapúa se caracteriza por la laboriosidad de su gente, por el importante desarrollo agrícola y la agroindustria, al punto que tiene bien merecido el mote de “granero del país”.
Es también admirada por ser un “crisol de culturas” mediante el aporte de una veintena de comunidades de inmigrantes provenientes de Europa, Asia y otras regiones del continente, amalgamados con la cultura local.
A menudo se la nombra como ese “otro país” que se erige en modelo de desarrollo económico y cultural, seguro y tranquilo, admirado como ejemplo a ser imitado por otros departamentos del país.
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Desde hace poco más de una década a esta parte, sin embargo, una vasta zona del departamento, especialmente la zona norte y noreste, se han ganado fama de ser “zonas calientes” en materia de inseguridad.
En esta nada meritoria situación se puede citar a Mayor Otaño, en la frontera con el departamento de Alto Paraná, y una bien delimitada zona geográfica que abarca los distritos de San Pedro del Paraná, José Leandro Oviedo, y Alto Verá, cercanos al departamento de Caazapá.
Itapúa y Caazapá comparten una larga línea de frontera dominada por la cordillera del San Rafael, una zona boscosa y de relativamente difícil acceso. Es también una zona históricamente marcada por conflictos por ocupaciones de tierras.
Las condiciones geográficas tienen ciertas características particulares, como terreno accidentado, vasta zona boscosa conformada por uno de los últimos remanentes del gran Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA), núcleos poblacionales distantes, un entramado de caminos vecinales de tierra que facilitan “perderse” hacia zonas de difícil acceso.
Estas condiciones hacen de la zona un sitio ideal para operaciones ilícitas, como el cultivo de marihuana, tráfico de madera, el transporte de mercancía ilícita en tránsito por nuestro país hacia puertos clandestinos (y no clandestinos) sobre el río Paraná, y desde aquí a mercados en Argentina, Chile, o Europa.
Emergencia departamental
En abril del año pasado, tras una ola de asaltos a locales bancarios, el gobernador de Itapúa, Javier Pereira (PLRA) había declarado estado de “emergencia departamental” a causa de la inseguridad pública, mediante Resolución número 537/2024, de fecha 29 de abril.
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De la fecha a esta parte, si bien no se registraron casos de asaltos a bancos -alguno que otro fue abortado mediante tareas de inteligencia policial- hechos criminales como asesinatos por encargo, conocido en la jerga policial como “sicariato”, asaltos a locales comerciales o industriales, abigeato, están a la orden del día.
El negocio de la droga
Una situación que aparece como denominador común para todo este entramado de violencia y muerte parece ser la disputa ligada al lucrativo negocio de la droga. Su producción y tráfico.
En lo que va de los últimos siete días tres personas perdieron la vida en lo que aparenta ser casos de sicariato, o “ajustes de cuentas”. El 16 de mayo pasado, un vecino de la compañía San Antonio Guazú, Alto Verá, identificado como Gabino Bareiro (69), fue acribillado a balazos.
Bareiro fue emboscado a escasos 400 metros de su vivienda, cuando regresaba a bordo de su motocicleta luego de asistir a una carrera de caballos en la compañía San Antonio Guazú. Recibió alrededor de 30 impactos de bala.
La víctima era familiar (tío) de un famoso jefe “narco” de San Pedro del Paraná, Wilfrido Bareiro, alias “Peloncho”, quien cumple una condena de 19 años por tráfico internacional de drogas.
El último episodio de sicariato registrado hasta ahora fue el del miércoles pasado, 21 de mayo, también en una compañía rural del distrito de Alto Verá. Las víctimas fueron identificadas como Claudio Blanco y César Blanco, ambos con órdenes de captura. El primero de ellos por un caso de homicidio doloso ocurrido en 2019.
Los cuerpos fueron hallados en una zona boscosa de un asentamiento indígena ubicado en la reserva forestal de la cordillera del San Rafael con sendos disparos en la cabeza.
Un poco más atrás, el domingo seis de abril pasado, en horas de la madrugada, una balacera entre grupos antagónicos se cobró la vida de tres personas, tras un partido de “piki vóley”, en el asentamiento “Bonanza”, en el distrito de Alto Verá.
Las víctimas fueron identificadas como Heriberto Morel Vera (40), David Ávalos Morel (24) y Rony Edison Marth Acosta (30). En la balacera resultó con una herida de bala en el pecho, Isidro Ilario Ruiz Díaz Figueredo (39), con antecedentes por abuso sexual en niños.
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Este trágico episodio acrecienta la fama de uno de los lugares más violentos y peligroso del departamento, que sobradamente ya tiene ganado el distrito de Alto Verá, superando incluso a su vecino San Pedro del Paraná.
Un dato no menor en toda esta terrorífica historia es que prácticamente la totalidad de los casos se sicariato quedan sin resolver. La opinión más extendida, y como una suerte de alivio para el ciudadano “común”, es la creencia, errónea, de que estos episodios graves de violencia se circunscriben a personas fuera de la ley. Ajustes de cuentas entre “bandidos” y que no constituyen una amenaza al ciudadano que no “está metido” en estos menesteres.
