En lo que se refiere al nuevo tren de molienda prometido a cañicultores, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez, confirmó este jueves que el Gobierno presentó una nueva propuesta a los productores del departamento de Guairá para destrabar el conflicto generado por la paralización del ingenio azucarero de Petropar, en Mauricio José Troche.
La propuesta fue planteada tras una reunión mantenida con representantes del sector, quienes llegaron con la expectativa de reactivar la molinera ya existente, una opción que el Gobierno consideró inviable en las condiciones actuales.
Instalación de un nuevo tren de molienda
El Estado planteó la instalación de un nuevo tren de molienda con capacidad para absorber la producción de los pequeños productores de caña de azúcar. Según explicó Jiménez, este nuevo esquema permitiría avanzar a corto plazo, superando así los plazos ya vencidos de un proyecto anterior que se encuentra en litigio judicial.
En palabras del ministro, “ya pasó más de un año desde que se debió poner en marcha el tren de molienda original”, lo que generó un ambiente de desesperación e incertidumbre entre los productores.
El conflicto se arrastra por una obra fallida de anterior tren de molienda
El ministro reconoció que Petropar enfrenta un problema que, aunque inicialmente era exclusivo de esa empresa pública, se convirtió en un conflicto con un alto impacto social.
Desde hace meses, una auditoría financiera ya había advertido que la obra en Troche estaba fallida y con indicios de hechos punibles. Jiménez evitó opinar sobre los detalles de los costos y avances de esa obra, asegurando que esos datos pertenecen a otra área del Ejecutivo.
No obstante, se mostró consciente de los tiempos urgentes que impone el calendario agrícola. La zafra de la caña de azúcar comienza a finales de junio, por lo que el Gobierno busca implementar rápidamente la nueva propuesta.
Para ello, Petropar deberá presentar el proyecto por escrito en un plazo de 30 días y socializarlo con los dirigentes cañicultores antes del inicio de la cosecha. Mientras tanto, se trabajará en un censo productivo para identificar cuántos agricultores están realmente en condiciones de vender su producción a la planta estatal.
Prioridad para pequeños productores
Jiménez aclaró que la planta actual de Petropar tiene capacidad para absorber unas 400.000 toneladas de caña por zafra, pero que esta cifra no cubre la totalidad de lo producido, en especial por los grandes productores.
Por ello, la propuesta prioriza a los pequeños agricultores, especialmente aquellos que poseen entre 5 y 10 hectáreas, con el objetivo de garantizar que al menos ese segmento pueda colocar su producción de forma segura.
El ministro enfatizó que los productores con más de 20 hectáreas ya no entran en esta categoría y que deben buscar otras opciones de comercialización. Para el Gobierno, el desafío de fondo está en mejorar la productividad. En la actualidad, los cañicultores asistidos por el MAG alcanzan promedios de entre 50.000 y 56.000 kilogramos por hectárea, mientras que los no asistidos apenas superan los 30.000, muy por debajo de los 60.000 o 70.000 que se logran en países vecinos.
Subsidios, mercado y sostenibilidad
El titular de la cartera agrícola también abordó el reclamo de los cañicultores de que el sector privado paga precios considerablemente más bajos que Petropar, lo cual los desincentiva. Admitió que este diferencial implica un subsidio indirecto del Estado, y señaló que la solución debe pasar por un equilibrio donde los productores estén en condiciones de negociar precios razonables con diversas fábricas, no solo con la estatal.
La iniciativa del nuevo tren de molienda busca crear una alternativa real y efectiva, evitando que los agricultores enfrenten nuevamente una zafra con incertidumbre y riesgo de pérdidas. Jiménez confió en que los cañicultores aceptarán la propuesta, siempre que esta brinde una salida concreta y evite la repetición de conflictos como los cierres de ruta y las protestas que se repiten cada año.
El ministro cerró reconociendo que la situación actual es el resultado de una mala decisión administrativa o incluso de posibles hechos de corrupción, y que el perjuicio recae sobre un sector que ya de por sí enfrenta dificultades estructurales. Concluyó que la empatía y la acción inmediata son necesarias para sostener la producción nacional de caña y evitar una nueva crisis.
