Justicia dicta medidas para pesos pesados en procesos judiciales

El Poder Judicial dictó medidas para los pesos pesados que tienen procesos judiciales, y fueron extraditados recientemente. Miguel Ángel Insfrán, más conocido como Tío Rico, podrá usar su teléfono celular desde la cárcel bajo condiciones, el teléfono le será proveído y será monitoreado; mientras el ex banquero, José Peirano, pidió prisión domiciliaria y al respecto la Fiscalía se allanó y el juzgado resolverá en las próximas horas.

Tío Rico fue extraditado de Brasil a Paraguay y está en la cárcel militar de Viñas Cue. La jueza, Rosarito Montanía, autorizó que él haga llamadas por teléfono celular dos veces por semana. Podrá hablar con su familia y su abogado defensor los lunes y miércoles, de 9:30 a 11:30. Los martes y jueves podrá recibir visita de sus familiares. La jueza ordenó que todos los movimientos de Tío Rico sean controlados durante las 24 horas.

En la tarde del último jueves, el Ministerio de Justicia trasladó a Miguel Ángel Insfran, alias Tío Rico, en la cárcel de Viñas Cue, donde estuvo preso el ex comandante del Ejército, Lino Oviedo. Antes estaba recluido en la SENAD. Tío Rico está procesado por lavado de dinero y asociación criminal y la semana pasada llegó a Asunción extraditado de Brasil (Foto Fiscalía).

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Sobre Peirano

Con respecto a Peirano, que fue extraditado del Uruguay a Paraguay el lunes 29 de mayo para ser procesado por lesión de confianza por el conocido caso del Banco Alemán Paraguayo, se realizó en la mañana de este martes una audiencia, donde su defensa solicitó ante el juez Raúl Florentín el arresto domiciliario. La Fiscalía se allanó y se aguarda la resolución del magistrado. (Imagen de la llegada de Peirano a Asunción. Fiscalía).

Peirano involucrado en el escándalo contra los ahorristas del Banco Alemán, hecho que se produjo en el 2002. Más o menos 3.000 personas fueron perjudicados. Además, hubo vaciamiento de la entidad bancaria y se calcula que el perjuicio podía ser 40 millones de dólares. Parecía que el tema ya pasó al olvido, pero ahora se reaviva el escándalo después de 21 años.

La defensa del exbanquero uruguayo ofreció USD 1.000.000, para obtener la prisión domiciliaria y evitar la Penitenciaría. El fiscal Néstor Coronel se allanó en tanto que el fiscal Silvio Corbeta se ratificó en el pedido de prisión preventiva. Por eso, el tema aún está en estudio hoy.

“Nos hemos opuesto a todos los planteamientos realizados por la defensa, sobretodo considerando el pedido de fuga, independientemente a que haya estado cumpliendo una condena en el extranjero, no podemos obviar que es un ciudadano uruguayo que no tiene arraigo en el país, con ese motivo es más que suficiente y ahora queda en manos del juzgado la decisión”, dijo el fiscal Corbeta.