Hemos señalado desde esta publicación que las medidas adoptadas inicialmente por el nuevo Fiscal General del Estado (FGE), Dr. Emiliano Rolón Fernández, están siendo bien acogidas por la ciudadanía y diversos sectores, sobre todo por la gran necesidad de articular mecanismos de ordenamiento interno en el Ministerio Público, así como para atender necesidades para mejorar la eficiencia y eficacia de la acción institucional en el mandato constitucional de ser representante de la sociedad en el combate judicial contra la delincuencia.
En los primeros días de ejercicio del cargo, el nuevo Fiscal General adoptó varias determinaciones relacionadas con la organización interna, desde las reasignaciones de Fiscales Adjuntos, con una movida general de agentes que fue vista como necesaria para cortar o evitar la “apropiación” de ámbitos o jurisdicciones por parte de fiscales que venían “perpetuándose” en dichos lugares. Esto habla mucho de la necesidad de desconcentrar poder y evitar la formación de “roscas” o “cotos” que se enseñorean en las especialidades o jurisdicciones. Asimismo, determinó el fin de todos los comisionamientos de funcionarios que, si bien pertenecen al registro institucional, estaban cumpliendo funciones en otras instituciones del Estado, con lo cual, poco o nada contribuye a dar credibilidad al discurso de la escasez de recursos humanos del cual se vino hablando desde hacía tiempo en el Ministerio Público.
Esta medida estuvo fundamentada en el registro de 152 funcionarios pertenecientes al MP que estaban diseminados, en base a dichos “comisionamientos”, por más de 50 instituciones del Estado, tanto a nivel de gobierno central como descentralizado o entes autónomos. Unos 70 asistentes fiscales, funcionarios del ámbito misional, estaban concernidos en dicha situación.
Seguidamente, el FGE adoptó una medida que podría haber sorprendido a muchos pero no deja de tener una significación e importancia para la vida cotidiana de las personas: requirió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informes sobre la existencia, disposición, normativas y datos de las lomadas que están en rutas del país y cuya presencia, salvo que hubieran razones técnicas podrían constituirse en elementos que provoquen el hecho punible de “intervenciones peligrosas en el tránsito”, artículo 216 del Código Penal.
De esta manera, algo que ha quedado evidente y siempre criticados desde sectores ciudadanos, como es la proliferación descontrolada y sin ningún tipo de reglamentación de las denominadas “lomadas”, la mayor parte de ellas sin señalizaciones precautorias, fue objeto de atención por parte del Ministerio Público. Incluso, esto se da en el marco de una ley, la Nº 3877/09 que dispuso la eliminación de este tipo de obstáculos en rutas salvo en lugares específicos, asì como de una resolución del propio MOPC, la Nº 1782/15 que dispuso reglamentar técnicamente su uso en los lugares establecidos por la ley.
En los últimos días, en paralelo con el escándalo protagonizado por una asistente fiscal en cuyo poder estaba una camioneta denunciada como robada en Brasil, el FGE dispuso que todos los agentes fiscales y funcionarios que tuviera en su poder bienes (principalmente vehículos) como “depositarios judiciales”, informen de esa situación y los detalles del otorgamiento de dicha condición de depositario.
Esto moverá sin dudas mucho del mundillo de favores, privilegios, componendas y hasta “negociados” que constituye la aplicación, uso y abuso privilegiado de la condición de “depositario judicial” tanto para agentes fiscales, como funcionarios del MP, así como para personas “privadas” que son llamativamente favorecidos con disposiciones similares en juicios que por su extensos procesos, terminan dotando de bienes, sobre todos vehículos lujosos, “ad aeternum” a los privilegiados “depositarios”.
Finalmente, lo más reciente, fue que tras pedir información al Ministerio de Hacienda, dispuso la suspensión de todo tipo de decisiones sobre ascensos, nombramientos y recategorizaciones de fiscales y funcionarios que hubieran sido adoptadas en los últimos meses por su antecesora en el cargo. Con ello, es evidente la intención de revisar puntillosamente si todo lo actuado tenía alguna fundamentación racional y legal o simplemente se trataba de distribuir privilegios antes de la culminación del mandato de la anterior Fiscal General.
La transparencia y eficiencia necesarias en varios ámbitos
Todo lo actuado hasta ahora por parte del FGE parece indicar un compromiso con la eficiencia y la transparencia en la gestión. No obstante, cabe señalar otros ámbitos en los que también sería importante su mirada y acción urgente, tanto en el campo estructural/organizativo, como funcional/misional del Ministerio Público.
Citamos apenas dos ejemplos de necesaria intervención de la “escoba nueva” del Ministeri Público:
La expectativa ante la llegada del Dr. Emiliano Rolón Fernàndez al frente de la Fiscalía General del Estado es grande. Ciudadanía y diversos sectores se han manifestado optimistas, y las señales recibidas de su gestión inicial parecen abonar el terreno para dicho optimismo. No obstante, los señalados y otros ámbitos del funcionamiento institucional y misional del Ministerio Público todavía parecen necesitar una mirada de lupa y acción de limpieza y control de parte del nuevo Fiscal General. Todo sea por el correcto y mejorado ejercicio de la misión de representar a la sociedad en busca de la legalidad y la paz social.