En una entrevista para la Tribuna, el abogado Stephan Vysokolán, experto en privacidad de datos con Certificación Internacional, analizó el avance del proyecto de Ley General de Protección de Datos Personales en Paraguay, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.
¿Qué propone la Ley de Protección de Datos?
El proyecto regula de forma integral el tratamiento de datos personales, desde su recolección hasta su almacenamiento y posterior uso. Vysokolán lamentó que la Cámara de Diputados no haya profundizado el debate sobre el modelo regulatorio aplicable al país. Sin embargo, sostuvo que la protección de datos personales requiere una normativa específica, y que Paraguay no puede quedar al margen de esta necesidad si busca alinearse con los estándares internacionales.
El proyecto de ley con media sanción define roles en el tratamiento de datos personales, y en ese sentido establece responsabilidades y sanciones para las partes que participan en la vida del tratamiento del dato. En ese sentido, Vysokolán considera prudente este aspecto de la ley, más aún ante el contexto de numerosos ciberataques que está sufriendo nuestro país en los últimos tiempos.
Proceso debe acompañar al nuevo Sistema de pagos
La nueva normativa establece obligaciones claras para empresas y entidades públicas, exigiendo medidas de seguridad, transparencia y sanciones en caso de incumplimiento, explicó. Este proyecto busca fortalecer la confianza en el ecosistema digital y promover prácticas responsables en todos los sectores; pero a su vez es importante advertir que los altos estándares contemplados en la ley podrían generar complejidades y altos costos operativos para ciertas empresas, como las Mipymes y emprendedores.
Por otro lado, el especialista afirma que la protección de datos no debe confundirse únicamente con cuestiones de ciberseguridad, pues la Ley de Protección de Datos es un marco jurídico transversal que afecta no solo a los principales sectores e industrias del mercado paraguayo, sino a la vida privada de las personas, detalló.
Señaló que una ley equilibrada y adaptada a la realidad paraguaya será clave para acompañar el desarrollo tecnológico y respaldar iniciativas ya en curso, como el nuevo Sistema Nacional de Pagos. Este avance requiere ser complementado con estándares sólidos en protección de datos y seguridad digital.
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Relevancia para el contexto Paraguayo
Con el país proyectándose como destino de inversiones tecnológicas, contar con una ley bien estructurada, también brinda seguridad jurídica a las empresas interesadas en operar localmente.
Vysokolán sostuvo que la futura ley debe adaptarse a la realidad paraguaya y no replicar de forma literal modelos extranjeros, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, cuyos altos estándares podrían generar barreras de cumplimiento difíciles de aplicar localmente y desalentar inversiones en sectores específicos. Por ello, consideró clave una coordinación efectiva entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
«Necesitamos una ley que hable nuestro idioma, que entienda nuestras condiciones sociales y económicas”, remarcó.
Como alternativa, el abogado propuso seguir un modelo híbrido, tomando como referencia el modelo brasileño. Con ese enfoque se lograría equilibrar la protección de la privacidad con la flexibilidad necesaria para no frenar el desarrollo de negocios digitales, y además facilita el comercio con socios regionales, ya que evita choques regulatorios.
Debate con sectores clave, es el camino
Uno de los aspectos que genera preocupación es la escasa participación de sectores clave en el debate del proyecto, como los burós de crédito, gremios empresariales e industriales, así como empresas privadas vinculadas al desarrollo tecnológico e innovación.
Involucrar a estos sectores permitiría crear una normativa que sea verdaderamente aplicable y útil para todos, desde grandes empresas tecnológicas hasta pequeños emprendimientos, comentó.
Finalmente, advirtió que la ley debe estar alineada con las políticas del Ejecutivo, orientadas a atraer inversiones extranjeras. Sin una coordinación entre el Congreso y ministerios como Industria, Comercio y Economía, el proyecto podría ir en contra de los objetivos de apertura comercial y desarrollo económico del país.
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