La decisión de Argentina de suspender los trasbordos en los puertos de la zona del kilómetro 171 de la hidrovía Paraná podría generar un aumento considerable en los precios de los combustibles para Paraguay, advirtió Julio César Vera Cáceres, presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
La suspensión dispuesta por autoridades argentinas encarece las operaciones de importación y exportación para Paraguay, al afectar una zona estratégica de trasbordo utilizada desde hace más de tres décadas. Aunque el ente ARCA alega motivos de control aduanero, una función que ya se ejercía, la medida impone sobrecostos logísticos y operativos que, según Vera, impactarán en el consumidor final.
Incremento de costos logísticos preocupa al Gobierno
El presidente de la ANNP subrayó que trasladar las operaciones a puertos argentinos implicará tarifas adicionales de hasta 2 dólares por metro cúbico y tiempos de espera más prolongados.
Actualmente, la suspensión no está vigente, pero la Procuraduría argentina notificó que la medida comenzará a aplicarse el 26 de julio. La Cancillería paraguaya ya manifestó su preocupación y gestiona un acercamiento bilateral con Argentina para negociar su postergación o suspensión definitiva.
Paraguay analiza alternativas de puertos y busca apoyo regional
El Gobierno paraguayo explora otras opciones para mantener la competitividad logística. Vera mencionó la reciente visita al puerto de Ybycuí de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, como una alternativa a mediano plazo, aunque actualmente ese puerto carece del calado suficiente para operar a gran escala.
La ANNP sigue en tratativas con autoridades argentinas para incluir mejoras en el tramo del río en la próxima licitación de dragado.
Los afectados con esta medida son también Brasil y Bolivia, países que forman parte del acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Paraguay propone encauzar el conflicto en el marco del acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, donde ejerce actualmente la presidencia pro tempore del comité intergubernamental. Las negociaciones siguen abiertas con el objetivo de evitar un impacto económico más severo y preservar las condiciones favorables que establecen los convenios internacionales para los países sin litoral marítimo.
