Diputado presenta proyecto de ley que castiga suplantación de identidad en redes sociales. El objetivo es proteger la identidad digital de las personas, dice uno de los fundamentos de la iniciativa.
El proyecto busca proteger a los ciudadanos de los crecientes delitos digitales en redes sociales, estableciendo un marco jurídico específico para combatir la apropiación de perfiles, suplantación de identidad y manipulación de contenido en plataformas digitales, dice otra parte de los fundamentos.
La propuesta legislativa, denominada, proyecto de ley de «De protección de la identidad digital y las redes sociales en Paraguay», surge como respuesta, según la exposición de motivos, a la proliferación de delitos cibernéticos que afectan diariamente a miles de paraguayos, que actualmente se encuentran en «estado de indefensión jurídica» ante estas situaciones, agrega.
El autor del proyecto de ley es el diputado, Luis Federico Franco (PLRA-Central). Con respecto a los delitos y sanciones específicas, el documento tipifica cuatro delitos principales: 1) Apropiación y acceso no autorizado a perfiles ajenos, con penas de 1 a 3 años de prisión o multas de 100 a 500 jornales mínimos.
2) Suplantación de identidad digital, que incluye crear perfiles falsos o duplicar cuentas existentes, sancionada con 6 meses a 2 años de cárcel. 3) Manipulación maliciosa de contenido en perfiles apropiados, como publicar contenido falso o eliminar información del titular legítimo, se castigará con penas similares al delito anterior.
Por último, la posesión o comercialización ilícita de credenciales de acceso, será castigada con 6 meses a 2 años de prisión o multas de 50 a 300 jornales mínimos.
Diputado presenta proyecto de ley: En casos de menores
Según la iniciativa presentada, las penas se incrementan en un tercio cuando los delitos se cometen contra menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, incluyendo analfabetismo digital. También se agravan cuando hay ánimo de lucro, participación de organizaciones criminales, o cuando se afectan cuentas con gran impacto público.
El proyecto establece obligaciones específicas para los proveedores de servicios de redes sociales que operen en Paraguay. Incluyen: implementación de mecanismos de seguridad robustos y autenticación de dos factores; canales de denuncia accesibles las 24 horas; disposición de equipos de respuesta rápida que actúen a más tardar en 24 horas; colaboración activa con autoridades judiciales y una debida diligencia para prevenir perfiles falsos.
El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en multas de hasta 5.000 jornales mínimos, y en casos graves de reincidencia, la suspensión temporal del servicio en territorio paraguayo, según el proyecto.
Diputado presenta proyecto de ley: La educación digital
La propuesta de ley establece, igualmente, derechos específicos para las víctimas, incluyendo asistencia técnica y legal, recuperación expedita de cuentas, eliminación de contenido ilícito, y acceso a apoyo psicológico cuando sea necesario.
En materia preventiva, el proyecto ordena la implementación de campañas permanentes de educación digital a cargo del MITIC, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior y otras instituciones, enfocadas en seguridad de contraseñas, identificación de técnicas de ingeniería social, y configuración de privacidad.
“La masificación de plataformas como Facebook, TikTok, Instagram y WhatsApp ha transformado la comunicación, pero también ha dado lugar a nuevos tipos de criminalidad digital para los cuales la legislación actual no cuenta con herramientas específicas”, expresa otra parte de la exposición de motivos.
Un paso fundamental para proteger la identidad
La iniciativa busca que Paraguay dé «un paso fundamental en la protección de la identidad digital de sus ciudadanos», garantizando que el entorno digital sea «un espacio de interacción, innovación y desarrollo, y no de vulneración de derechos», explicó el diputado.
El proyecto también establece que estos delitos serán considerados precedentes del lavado de activos cuando los fondos obtenidos sean objeto de legitimación, y prevé la cooperación internacional para la investigación de estos crímenes transnacionales.
Con esta propuesta, según la exposición de motivos, se busca responder a una problemática que afecta no solo el patrimonio económico de las víctimas, sino también su honor, reputación, dignidad e incluso salud mental, fundamentó el diputado.
