La intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este marca un nuevo capítulo en la ya accidentada historia institucional de uno de los municipios más importantes del Paraguay. El Alto Paraná, con su capital como motor comercial, turístico e industrial del país, vuelve a ser epicentro de una crisis política y administrativa que desnuda las contradicciones del modelo de gestión municipal.
Miguel Prieto asumió el mando de la intendencia como la promesa de un nuevo tiempo. Joven, con discurso fresco y un fuerte apoyo popular, llegó al cargo representando la ruptura con las viejas prácticas de corrupción e ineficiencia que marcaron la historia reciente de la ciudad. Y es justo reconocer que bajo su administración se concretaron importantes avances en materia de innovación, servicios y ordenamiento. Sin embargo, hoy se enfrenta al mismo escenario que sus antecesores, con una intervención impulsada por múltiples denuncias de irregularidades.
Es esta una constante preocupante en la era democrática de Ciudad del Este. Pese a su gigantesco potencial económico, con una de las mayores recaudaciones municipales del país y un caudal electoral determinante, la ciudad no logra consolidar una administración estable y transparente. Las falencias en infraestructura, los conflictos políticos internos y los reiterados escándalos de corrupción se repiten, con distintos protagonistas, pero con los mismos resultados.
La gran paradoja de la intervención a la gestión de Prieto es que el líder que denunció con vehemencia los vicios del oficialismo, hoy es cuestionado por prácticas similares. La ciudadanía exige coherencia, y los proyectos políticos que prometen cambio no pueden darse el lujo de tropezar con las mismas piedras. En un escenario donde la confianza en la clase política está severamente erosionada, este tipo de retrocesos explican por qué la oposición no logra consolidar una alternativa firme en el plano nacional.
El proceso que se abre ahora es también una oportunidad para replantear el modelo de gestión municipal en Paraguay. La descentralización no puede seguir siendo sinónimo de descontrol, clientelismo y corrupción. Es urgente una reforma profunda que refuerce los mecanismos de control, garantice la profesionalización de la función pública y establezca límites reales al uso discrecional de los recursos públicos.
Ciudad del Este merece una administración a la altura de su potencial. Y la ciudadanía, que depositó su confianza en el cambio, merece algo más que desilusiones. La intervención debe ser una señal de alerta para toda la clase dirigente que todavía no ha comprendido que el verdadero cambio se demuestra en los hechos.
