Como un capítulo repetido de una vieja telenovela, los empresarios del transporte público vuelven a amenazar con un paro “natural” y a aplicar la ya normalizada “regulada” en las calles, usando como argumento una supuesta deuda del subsidio que, según el Gobierno, no es tal. La ciudadanía asiste nuevamente a un espectáculo predecible, en el que los únicos verdaderamente perjudicados son los usuarios: estudiantes, trabajadoras, vendedores, obreros, madres y padres que todos los días dependen del transporte público para llegar a sus destinos.
La amenaza, esta vez, vino con cifras infladas. Mientras el gremio transportista, encabezado por Cetrapam, habla de una deuda de casi 9,5 millones de dólares, el Viceministerio de Transporte asegura con precisión técnica que lo pendiente es apenas un mes, abril, por 3,8 millones de dólares. Y que se pagará en los próximos días, dentro de los plazos que fija el propio decreto.
Todo indica que el fondo de la discusión no es la deuda, sino el interés del sector empresarial en aumentar la tarifa técnica (el monto sobre el cual se calcula el subsidio estatal) en un 30%. Es decir, quieren más subsidios. A falta de argumentos sólidos, recurren a la vieja práctica de la “regulada”: sacar buses de circulación para crear malestar ciudadano y generar presión sobre las autoridades. Es una forma de chantaje institucionalizado, cuyo costo lo paga la parte más frágil del sistema, el usuario.
Los reclamos de los pasajeros ya no suenan a indignación sino a resignación. “Otra vez”, dicen. Porque es cierto, nunca se fue la regulada. Porque el servicio nunca mejoró. Porque las paradas siguen siendo estaciones de espera sin esperanza. Porque perder una, dos o tres horas al día ya es parte del cálculo cotidiano de quien depende de un ómnibus.
Mientras tanto, las autoridades demoran la tan anunciada reforma del sistema. Se viaja, se participa de foros en el exterior, se habla de futuro. Pero en la práctica, el presente del transporte público es de castigo.
La administración de Santiago Peña está desperdiciando una oportunidad histórica: la de dejar como legado una verdadera transformación del transporte público, una reforma que impacte directamente en la calidad de vida de la gente.
El transporte público paraguayo no puede seguir siendo rehén de un grupo de empresarios que actúan como si el sistema les perteneciera. Alguna vez, nuestras autoridades deben tener el coraje de frenar el chantaje y devolverle al pueblo lo que merece: un transporte digno. Es hora de cerrar, de una vez por todas, el capítulo más vergonzoso de esta telenovela gastada.
