La palabra “ciberseguridad” dejó de sonar lejana, ajena o exclusivamente técnica. En los últimos días, pasó a ocupar titulares, conversaciones y discusiones públicas en nuestro país. Esto después de varios hechos que pusieron en evidencia la vulnerabilidad de nuestras instituciones.
Los sucesivos eventos como el caso del ciberespionaje por parte de organismo de inteligencia del Brasil, dirigido a autoridades e instituciones clave de nuestro país en el marco de las negociaciones del Anexo C de Itaipú. los ciberataques contra instituciones públicas, y más recientemente, la amenaza de difusión de bases de datos en la dark web, bajo extorsión, hicieron que el tema de la ciberseguridad ganara protagonismo en nuestra cotidianeidad.
Sin embargo, estos hechos no deben tratarse como simples anécdotas o episodios aislados. Tampoco como insumos sensacionalistas para sembrar el miedo. Se trata de señales claras, que exigen respuestas contundentes desde el Estado, el sector privado, los medios y la sociedad civil. La ciberseguridad ya no es un asunto de especialistas: es una cuestión de soberanía, de defensa estratégica y de derechos ciudadanos.
En este contexto, es más que oportuna la presentación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028. El documento, respaldado por la Organización de Estados Americanos, propone siete objetivos específicos, 14 líneas estratégicas y 78 acciones concretas. Destaca la necesidad de formar talento técnico, proteger infraestructuras críticas, promover la cooperación interinstitucional y fomentar una cultura digital responsable.
Pero el mayor desafío no es técnico, sino cultural. Aún los países con sistemas de seguridad avanzados han sido vulnerados. Pensar que Paraguay puede estar a salvo sin preparación ni conciencia sería ingenuo. Por eso, es vital que esta estrategia no quede en el papel. Debe traducirse en inversión real, formación continua, campañas de educación pública y una normativa clara y moderna.
Lamentablemente, frente a estos hechos graves, algunos actores han preferido amplificar el temor, sin ofrecer soluciones ni educación básica en ciberseguridad. Esa actitud irresponsable debilita la confianza ciudadana, y desvirtúa un debate que debe centrarse en la prevención, la resiliencia digital y la corresponsabilidad.
La ciberseguridad debe asumirse como una política de Estado. No se trata solamente de proteger los datos de los ciudadanos o evitar escándalos institucionales, sino de construir un entorno digital seguro, justo e inclusivo. Los últimos eventos mencionados deben ser capitalizados como lecciones aprendidas y sobre todo para mejorar nuestra cultura de ciberseguridad como ciudadanos.
