El conflicto institucional que golpea al municipio de Puerto Casado sumó un nuevo capítulo con declaraciones del gerente de Asuntos Legales del Banco Nacional de Fomento (BNF), Guillermo Acevedo, quien reconoció que el banco sigue transfiriendo fondos públicos a un intendente cuya legitimidad está bajo cuestionamiento judicial.
La situación expone una fisura institucional que mantiene en vilo a la comunidad chaqueña y genera fuertes críticas sobre la gestión de recursos municipales, a los que las autoridades recientemente reconocidas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aún no pueden acceder.
Así se desarrolló el conflicto comunal de Puerto Casado
El conflicto comenzó cuando la Junta Municipal de Puerto Casado impulsó un juicio para destituir al intendente Hilario Adorno, cuyo cargo fue luego respaldado por una medida cautelar.
En ese momento, la Justicia Electoral resolvió a favor de la Junta, reconociendo la validez del procedimiento interno y el nombramiento de un nuevo jefe comunal al señor Domingo Vera, de acuerdo con lo estipulado en la carta orgánica municipal.
Sin embargo, un grupo presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra esta resolución, lo que activó el efecto suspensivo establecido en el Código Procesal Civil.
Por tanto, aunque la justicia electoral revocó su condición de intendente, el banco sigue reconociendo a Hilario Adorno como el representante legal de la comuna, ya que la medida cautelar continúa vigente.
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BNF reconoce solo a Hilario Acevedo
Desde el BNF, Acevedo fue enfático al afirmar que la entidad no tiene atribuciones legales para suspender transferencias ni determinar cuál de los dos actores en disputa debe recibir los recursos, más allá de lo que dictamine el Poder Judicial.
“El banco solo se limita a validar la firma del representante legal que consta como tal en el marco normativo”.
Actualmente, el banco reconoce a Hilario Adorno, quien opera fuera del edificio municipal, maneja fondos públicos desde su domicilio y arrastra denuncias por lesión de confianza, todo lo cual genera alarma entre los ciudadanos casadeños.
Acevedo se abstuvo de comentar sobre la legalidad de las acciones del intendente en cuestión, pero admitió que la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o el Poder Judicial deben investigar cualquier irregularidad en la gestión de los fondos.
Banco no puede intermediar
Dejó en claro que el BNF no puede actuar de oficio ni paralizar operaciones si no existe una orden jurisdiccional que así lo indique, incluso si existen sospechas fundadas sobre el uso indebido del dinero por lo que la situación de acusado de malversación está en una peligrosa nebulosa que aún no tiene salida.
El malestar ciudadano escaló al punto que un grupo de pobladores de Puerto Casado anunció una movilización frente a la sede central del BNF, con más de 700 kilómetros de distancia recorridos desde el Alto Paraguay.
La protesta busca visibilizar el hartazgo colectivo ante una situación que mezcla incertidumbre legal, aparente desprotección institucional y riesgo de perjuicio al erario público. Acevedo reconoció el derecho a la protesta, pero subrayó que el lugar adecuado para canalizar estas denuncias es la Corte Suprema de Justicia, donde actualmente se encuentra en trámite la acción de inconstitucionalidad.
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