Hace apenas un mes, la administración municipal de Puerto Casado departamento de Alto Paraguay experimentó un giro forzado. Tras años de gestión bajo el ahora exintendente Hilario Adorno Mazacotte, el nuevo jefe comunal, Domingo Vera, se encontró al frente de una ciudad devastada.
Actualmente, Puerto Casado se halla en estado de bancarrota, sin capacidad operativa, con una infraestructura colapsada, embates de la naturaleza y con los niveles de pobreza más duros del país, en especial en las comunidades rurales e indígenas donde la ayuda oficial desapareció sin dejar rastros verificables, debido a la mala organización comunal en el distrito.
Las denuncias contra Adorno se arrastran desde su primer año de mandato, aunque recién en los últimos meses adquirieron volumen institucional.
Entre los antecedentes más graves destaca la presunta apropiación de bienes municipales que supera los 1.500 millones de guaraníes, incluyendo una camioneta 4×4 Mitsubishi L200 modelo 2022, comprada con fondos públicos y registrada a su nombre, la cual hasta el momento mantiene en su poder.
Es así que el Ministerio Público imputó al exintendente por lesión de confianza y administración en provecho propio, en una causa que aguarda juicio oral.
No obstante, sus abogados han recurrido a sucesivas dilaciones que han impedido que el proceso avance con firmeza. De no mediar una nueva postergación, el juicio debería proseguir el próximo 9 de mayo en Asunción.
Un almuerzo escolar que nunca existió en Puerto Casado
Uno de los hechos más dolorosos quedó registrado en las rendiciones de cuentas del almuerzo escolar correspondiente a los años 2022 y 2023.
La administración de Adorno reportó ante el Ministerio de Educación un gasto superior a 600 millones de guaraníes, supuestamente ejecutado para brindar comida a las escuelas de las comunidades indígenas.
Sin embargo, no se sirvió un solo plato de comida en ninguna de ellas. El propio supervisor de Educación Indígena, Rubén Encina, y el director de la escuela de la comunidad cadadeña, Mauricio Cabrera, desmintieron la provisión del servicio.
La Junta Municipal rechazó las rendiciones por considerarlas insostenibles, y la Fiscalía aún no ha imputado al exintendente por este episodio, que forma parte de la carpeta fiscal 232/2023.
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Auditorías desnudaron el saqueo institucional
La Contraloría General de la República, en su informe 1089/2023, detectó un faltante de más de 8.800 millones de guaraníes en solo 18 meses de gestión. El documento oficial estableció que las obras fueron inexistentes, los servicios fantasmas y los contratos sin respaldo documental.
A esto se sumó un corte administrativo interno impulsado por la Junta Municipal entre mayo y julio de 2024, que agregó otras irregularidades por más de 2.450 millones, lo que derivó en una tercera denuncia ante el Ministerio Público, bajo la investigación del fiscal Freddy Fernández.
Máquinas municipales se hallan encerradas en la casa de Adorno
Como si el saqueo financiero no fuera suficiente, la Municipalidad carece actualmente de sus maquinarias esenciales, las cuales permanecen guardadas dentro del patio del domicilio privado de Hilario Adorno.
Este hecho fue denunciado públicamente por funcionarios y concejales, quienes constataron que tractores, una retroexcavadora y camiones están fuera del inventario operativo.
La imposibilidad de acceder a estos equipos ha bloqueado la capacidad de respuesta municipal, agravando el deterioro urbano y la gestión de servicios básicos.
Pobreza, calles destruidas y abandono generalizado
A medida que Domingo Vera asumió sus funciones, lo que encontró fue un municipio sin fondos, sin documentación organizada, sin máquinas disponibles y con una población que vive en condiciones extremas de abandono.
En las zonas urbanas, las calles están destruidas, sin rdcurrimiento de agua atrapada por las inundaciones, sumando que estas están anegadas por las lluvias recientes, mientras en las comunidades más alejadas, los pobladores no han recibieron apoyo institucional en más de un año.
A pesar del panorama crítico, Vera comenzó a documentar las irregularidades, generó un inventario preliminar de los daños y ha solicitado a los órganos de control una intervención conjunta para recuperar lo que queda de la administración municipal. Su mayor obstáculo sigue siendo el aparato institucional fragmentado, sin recursos técnicos ni personal suficiente para afrontar la situación.
El caso de Puerto Casado es a la vista un duro episodio de corrupción y mal uso del poder institucional en el Chaco paraguayo. Las pruebas materiales, las auditorías oficiales y las denuncias fiscales son contundentes.
Solo falta que la justicia actúe sin dilaciones. De lo contrario, el ejemplo de impunidad podría multiplicarse generando un mal precedente para el resto del país.
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