Desde hace tiempo, venimos advirtiendo lo que ocurre dentro de la penitenciaría de Ciudad del Este. Las sucesivas incautaciones de sustancias prohibidas y armas dentro del penal evidencian un nivel preocupante de corrupción y relajo que ameritan un fuerte golpe de timón.
No hace mucho, en marzo pasado, una requisa reveló la existencia de un pequeño laboratorio clandestino dentro del penal. Bebidas alcohólicas, drogas, celulares, electrodomésticos y hasta productos de contrabando completaban el panorama de corrupción que se respira tras los muros. Solo un mes después, una nueva intervención permitió incautar un arma de fuego de alto poder: una pistola semiautomática 9 mm, con cargadores y municiones.
La pregunta no es cómo ingresó esa pistola, sino quién permitió que ingresara. Porque no se trata de un penal abandonado ni de un edificio en tierra de nadie. Estamos hablando de una cárcel custodiada por militares, declarada zona de emergencia penitenciaria, ubicada además en una zona residencial altamente poblada, en una ciudad fronteriza que hace tiempo dejó de ser solo un centro comercial para transformarse en un punto clave de operaciones criminales de alcance regional.
La respuesta oficial es que el hallazgo fue producto de la mejora en la “inteligencia penitenciaria”. Celebrar una requisa exitosa no puede ser la excusa para ignorar la podredumbre estructural del sistema carcelario. No alcanza con felicitar a los funcionarios que sí cumplen su rol. Es momento de determinar responsabilidades concretas, de abrir sumarios reales, de remover a los corruptos, de cortar cabezas.
Porque mientras sigamos girando en torno al mismo discurso de “mejoras graduales” o “controles manuales”, los grupos criminales seguirán ganando terreno en nuestros penales. La penitenciaría de Ciudad del Este ya no es solo un problema de gestión institucional, es una bomba de tiempo en medio de una ciudad.
El gobierno de Santiago Peña ha mostrado voluntad de profesionalizar el sistema con nuevos funcionarios capacitados, pero ese esfuerzo cae en saco roto si las cárceles del país siguen estando dirigidas por quienes, con su complicidad, han entregado las llaves del penal al crimen organizado.
Lo que ocurre en Ciudad del Este no puede seguir siendo visto como una simple falla de seguridad. Es una advertencia. La siguiente requisa podría no encontrar un arma escondida, sino consecuencias irreversibles.
