El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, confirmó que la deuda acumulada de tributos impagos por parte de los contribuyentes supera los USD 773 millones, por lo que la comuna pondrá en marcha un plan de recaudación.
Acciones para enfrentar la deuda de Asunción
Pereira reveló que la deuda a la comuna incluye USD 428 millones solo en patente comercial, desde el año 2020 y que su estrategia estará centrada en la recaudación de tributos adeudados por comercios e instituciones. Entre los deudores figura un conocido centro comercial que adeuda aproximadamente G. 3.500 millones.
El martes 24 de junio, Pereira asumió formalmente el cargo y se extenderá por 60 días. Su objetivo es garantizar el pago de salarios y jubilaciones, al tiempo que analiza las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República.
La medida fue impulsada a raíz de presuntas irregularidades durante la gestión de Óscar Rodríguez. Desde su llegada, el interventor mantiene una agenda intensa, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, para realizar un corte administrativo que permita identificar cuentas activas, pasivas y saldos bancarios, y así establecer responsabilidades durante el proceso.
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Cambios urgentes para sanear la gestión financiera
Uno de los primeros focos de Pereira fue el déficit en los pagos a jubilados y funcionarios municipales. La deuda con los jubilados por parte de Asunción, alcanza 1,8 millones de dólares en 2025.
Anunció además una estrategia de “cacería” de deudores que consistiría en visitar personalmente locales comerciales, mercados y la terminal de Asunción, donde, pese a una recaudación estimada en G. 1.800 millones mensuales, solo se rinden G. 800 millones.
Para incentivar el cumplimiento, propone planes de reestructuración de deudas adaptados a las capacidades de pago de cada contribuyente.
El Instituto de Previsión Social (IPS), también adeuda unos G. 48.000 millones por impuestos.
Según Pereira, con lo adeudado por parte de la ciudadanía y empresas a la comuna, podrían financiarse hasta 76 entidades bancarias bajo las exigencias del Banco Central.
Para revertir este escenario, propondría activar a 9.000 funcionarios municipales en una campaña de cobro con metas diarias de 1.000 llamadas telefónicas, con el objetivo de recuperar al menos 6,25 millones de dólares en pocos días.
Investigaciones sobre bonos y reestructuración de equipos
Pereira ordenó la salida inmediata de figuras clave del entorno de Óscar Rodríguez, como el Dr. Benito Torres, señalado por avalar el sistema de cuenta única que habría facilitado el desvío de fondos con un faltante de G. 500.000 millones en bonos que estaban destinados a obras, pero fueron utilizados para gastos corrientes. La administración actual evalúa derogar la ordenanza de cuenta única, decisión que será debatida en la Junta Municipal.
El interventor fue consultado sobre la situación de la Terminal de Ómnibus de Asunción, donde existen denuncias sobre la existencia de una «caja paralela«. Solicitó a la ciudadanía que presente denuncias documentadas en el buzón de transparencia, para facilitar las investigaciones.
Anunció además que dejará como sugerencia un censo laboral a fin de determinar las funciones reales de los funcionarios y detectar posibles casos de cobro sin prestación efectiva de servicios.
Compromiso con la ciudadanía y objetivos a corto plazo
Pereira insiste en que la confianza de los contribuyentes es esencial para sanear las finanzas municipales. Por ello, propone que cada ciudadano aporte al menos el 10% de su deuda tributaria, con la promesa de que los servicios como limpieza, bacheo y recolección de basura mejorarán visiblemente. También anunció visitas a instituciones públicas como el IPS, para negociar pagos parciales que permitan reactivar ingresos sin medidas coercitivas inviables.
La intervención tiene un plazo legal de 60 días, pero Pereira espera presentar su informe antes. El documento deberá abordar las seis observaciones señaladas por la Contraloría, entre ellas el uso irregular de los bonos G8 (G. 360.000 millones) y G9 (G. 195.000 millones).
Mientras tanto, la comuna ha recibido más de 1.500 denuncias ciudadanas, principalmente por baches, basura acumulada y amenazas de cortes de calle.
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