Una vez más, Paraguay se ve sacudido por un grave incidente de ciberseguridad que desnuda, con crudeza, la fragilidad digital del Estado. Esta vez, el golpe fue masivo: cerca de 20 instituciones públicas —incluyendo ministerios claves como Salud, Justicia, Trabajo, la Cámara de Diputados y la propia Presidencia de la República— fueron vulneradas. Se filtraron datos sensibles de al menos 350.000 ciudadanos y se habla de hasta 5 millones de registros que hoy estarían en circulación en la dark web.
No se trata de un hecho aislado, ni mucho menos menor. Es, ante todo, un recordatorio de que ningún sistema es infalible. Incluso en los países más desarrollados, con infraestructuras tecnológicas más avanzadas, instituciones han caído víctimas del crimen cibernético. Pero lo que este episodio vuelve a evidenciar es que, en Paraguay, seguimos actuando tarde. Seguimos siendo reactivos. Y eso nos deja expuestos.
La ciberseguridad no es ya una cuestión técnica ni una cuestión menor. Hace mucho tiempo que este aspecto pasó a convertirse en un asunto de defensa nacional. Al mismo tiempo, es un derecho ciudadano, porque cuando un ataque compromete datos personales, se está atentando contra la integridad y la seguridad de la población.
Según Naciones Unidas, el cibercrimen es hoy la actividad preferida de las organizaciones criminales internacionales: deja más ganancias, requiere menos logística y conlleva menos riesgos que el narcotráfico o el tráfico de armas. Paraguay no está al margen de esta tendencia. Nuestra débil infraestructura digital, la escasa inversión pública en seguridad informática y la tercerización sin controles rigurosos, han convertido al Estado en un blanco fácil.
Lo preocupante es que, aun después de este nuevo episodio, las respuestas institucionales siguen siendo endebles y descoordinadas. Se requiere con urgencia un Plan Nacional de Ciberseguridad sólido, integral y sostenido. No solo más inversión en tecnología. También más formación. Capacitación constante a todos los funcionarios del Estado, desde los niveles operativos hasta los más altos cargos. Y, mirando al futuro, una política pública orientada a formar a toda la ciudadanía en cultura digital preventiva.
Debemos asumir, de una vez por todas, que el campo digital es también un territorio de soberanía. Si no lo protegemos, otros lo ocuparán. Y mientras nuestros datos sigan sin resguardo, no podremos hablar de una verdadera seguridad, ni de un Estado confiable.
