En Quiindy, Paraguarí, durante un allanamiento se incautaron procesadoras de criptomonedas y transformadores, tras denuncias de cortes eléctricos. ANDE estima pérdidas mensuales de más de 800 millones de guaraníes, a raíz de esta práctica. El allanamiento fue ordenado por jueza Ramonita Melgarejo fue ejecutado por la fiscal Mercedes Vera y reveló el consumo masivo de energía de forma ilegal. Solo en enero a marzo, 10 locales consumieron 29.200 kW, equivalente al uso de ciudades como Villarrica o Pilar, con pérdidas de más de G. 5.000 millones al mes para la institución.
En el lugar fueron decomisadas las procesadoras de criptomonedas, además de un transformador de 45 kVA de pantalla y otro transformador de 3.150 kV. El local se dedicaba a la criptominería en Quiindy. Según estimaciones ocasionarían una pérdida de más de 800 millones de guaraníes mensuales a la institución.
Luego de un trabajo de verificación que realizó la ANDE, a raíz de las constantes denuncias de cortes de energía eléctrica por parte de usuarios de Quiindy, se detectó un gran consumo de energía eléctrica en un local que contaba con conexión directa en Media Tensión.
Ramonita Melgarejo, jueza Penal de Garantías, dispuso el allanamiento e intervención del establecimiento. La medida judicial fue llevado a cabo por la agente fiscal, Mercedes Vera, con personal policial y funcionarios interventores de la ANDE.
Minería de criptomonedas ilegales generan pérdidas millonarias
Se encontró un transformador de 45 kVA de pantalla y otro transformador de 3.150 kVA que alimenta a más de 1.000 máquinas procesadoras de criptomonedas que fueron incautadas. El robo de energía eléctrica constituye un hecho ilegal, que según estimaciones ocasionarían una pérdida de más de 800 millones de guaraníes mensuales a la institución.
De enero a marzo de este año se realizaron 10 intervenciones a locales no registrados, que un consumían 29.200 kilovatios (kw)mensualmente. Esto equivale al consumo de Villarrica o Pilar. El consumo no facturado representa un daño de más de G. 5.000 millones al mes para la ANDE.
Paula Carro, vocera del Estado, detalló que el 67% de los establecimientos irregulares intervenidos estaban ubicados en el Departamento de Alto Paraná, donde hay muchas redes de distribución y muchas industrias, factores que hacen más difícil detectarlos.
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