Comandante destituyó a jefes de Comisaría por el caso de extorsión con droga a conductor Bolt

El comandante de Policía Nacional, Carlos Benítez, destituyó a los jefes de la Comisaría Segunda del barrio Sajonia por el caso de extorsión con droga a un conductor de Bolt. En paralelo, la jueza penal, Clara Ruiz Díaz, admitió la imputación contra los tres policías que fueron detenidos e imputados por la Fiscalía por este hecho.

De esta manera, se inició el proceso judicial contra los suboficiales Alejandro Carlos Eduardo Rocca Osorio, Marcelo Barrios y el oficial Cristhian Fabián Rodríguez. Según la imputación, el propio pasajero era cómplice de los policías detenidos. Ese pasajero está prófugo y es sospechoso de haber colocado la droga al conductor de la plataforma Bolt. Los policías habrían pedido G. 3 millones para no pasar el caso a la Fiscalía, según la imputación.

La víctima, Juan Guillermo Aranda Gómez, un conductor de Bolt de 62 años, sufrió el hecho de extorsión en la noche del 31 de diciembre de 2023. La jueza Ruíz Díaz fijó audiencia para los policías imputados para el viernes 26 de enero, a las 7:30 para la imposición de medidas. La Fiscalía solicitó prisión preventiva.

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LOS DESTITUIDOS

Los destituidos de la Comisaría Segunda de Sajonia son: el comisario Francisco Colmán (jefe) y el comisario Nicolás Giménez (subjefe). En sustitución de Colmán fue designado el comisario Milciades Candia y, en vez de Giménez fue nombrado el comisario Joel Salcedo. El comandante informó que los nuevos jefes ya comenzaron a trabajar desde este jueves.

Según la investigación, el conductor de Bolt fue contratado para un viaje desde Fernando de la Mora hasta Sajonia. Llegaban hasta la calle Mallorquin, de este barrio de Asunción, cuando aparece una patrullera de la Comisaría Segunda. Los policías dijeron que debían revisar el vehiculo, lo hicieron y encontraron supuestamente una bolsita de éxtasis.

La Fiscalía sostiene que tiene todos los indicios de que todo eso fue preparado para extorsionar al chofer de Bolt, a quien le pidieron 3 millones de guaraníes para no comunicar el hecho a la Fiscalía.