El diputado, Edgar Olmedo, a través de un proyecto de ley, propone cobrar a las personas que tienen dinero y no nombran defensores en los juicios.
Actualmente, el Ministerio de la Defensa Pública es la institución que pone abogados pagados por el Estado a favor de las personas que no tienen dinero para pagar defensores. También es la institución que defiende en los juicios a los ausentes o para defender a las personas que se niegan a nombrar defensores.
Entre las personas que se niegan a nombrar defensores existen los que son pobres y existen los que tienen dinero. Según el diputado Olmedo, el Estado puede recuperar el gasto luego del juicio cuando descubre que un procesado tienen solvencia y solamente no quiere pagar.
Para el efecto, el diputado Olmedo presentó un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública (no confundir con Ministerio Público que es la Fiscalía). La Defensa Pública es la institución que el Estado tiene para garantizar que una persona procesada tenga un defensor, generalmente se refiere a pobres y ausentes.
Sin embargo, también aparecen personas que no quieren nombrar defensores aún teniendo solvencia económica. Por lo tanto, la propuesta del diputado es «regular los honorarios profesionales» a estas personas con dinero.
La opinión del defensor general
El nuevo defensor general, Javier Esquivel, comentó por Radio Uno, que estuvo hablando con el diputado Edgar Olmedo, y que hablaron de la necesidad que tiene el Ministerio de la Defensa Pública para recaudar más ingresos. Admitió que respalda la presentación del citado proyecto de ley.
«Estuvimos intercambiando pareceres. La ley abre una ventanita. Quiero que se tenga algo puntual, así como conversé con él, yo comenté que esa era una de las necesidades en el MDP», dijo Esquivel.
«Ahí la necesidad es la caracterización del servicio de la Defensa Pública, ahí entraría a operar este proyecto, donde no se requiere beneficio. La regulación, en caso de prosperar, sería ingreso de Fuente 30, para inversión tecnológica, infraestructura», afirmó Esquivel.
«En el fuero Penal y de la Niñez es una necesidad, cualquiera que necesite puede acudir. No podemos acceder a la cuestión inmobiliaria para saber si es una persona solvente o no, después podemos acceder a todo», señaló.
