Fiscalía imputó a dueño de surtidor por contaminar pozos y pidió orden de cierre temporal del negocio. Pidió también orden de prohibición de modificación de las instalaciones (orden de no innovar).
El agente fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente N.º 1 de Alto Paraná, imputó al empresario, Elso Ramón Zárate Galeano, presidente de la firma Grupo Zagal S.A. por transgresión de la Ley 716/96 y ensuciamiento y alteración de aguas.
El caso está relacionado con la contaminación de pozos de agua en el barrio San Isidro de Ciudad del Este, atribuida a pérdidas de hidrocarburos en tanques subterráneos de una estación de servicios con emblema Shell, que era operada por la firma en cuestión.
Fiscalía imputa a dueño: Dos pozos contaminados
Según la investigación, el hecho se habría producido el 13 de febrero de 2025, en el local ubicado sobre la avenida San José de la capital del Alto Paraná, donde se constató la presencia de combustible en dos pozos de uso domiciliario, pertenecientes a vecinos que residen frente y a escasos metros del establecimiento.
El análisis indica que ambos pozos se abastecen de la misma agua subterránea, lo que refuerza la presunción de contaminación ambiental por pérdidas en tanques o cañerías del surtidor.
Fiscalía imputa a dueño: entre el documento y la realidad
Durante la verificación, la Fiscalía también identificó irregularidades en el plan de gestión ambiental presentado por la firma ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). El proyecto mencionaba la existencia de solo dos tanques subterráneos de 20.000 litros cada uno.
Sin embargo, en el sitio se encontraron cuatro tanques de 10.000 litros y uno de 20.000 litros en funcionamiento, así como otros cinco tanques en desuso que no fueron retirados por los responsables del lugar. Además, no se implementaron pozos de monitoreo ni se realizó el mantenimiento de las canaletas destinadas a la contención de derrames, conforme a lo previsto en las medidas de mitigación, según refiere el acta de imputación.
Ante estos hechos, el fiscal Orlando Quintana decidió imputar al responsable de la empresa por la presunta transgresión a la Ley 716/96 y por el ensuciamiento y alteración de las aguas. Asimismo, el Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Medidas alternativas a la prisión
Para beneficiarse de las medidas alternativas a la prisión, el imputado deberá presentar una caución real o personal por G. 300.000.000, además de presentarse periódicamente ante el Juzgado para el registro de firma, y cumplir con la prohibición de salida del país y de cometer nuevos hechos punibles.
Como medida cautelar de carácter real, la Fiscalía requirió además la clausura de la estación de servicios y la prohibición de innovar en el establecimiento, hasta tanto se apruebe un plan de contingencia ambiental y se verifique el control efectivo de posibles pérdidas de hidrocarburos, a fin de evitar un mayor daño a los recursos naturales de la zona.
